El equipo de fiscales que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública aseguró que tienen elementos que demuestran que desde la llegada del actual gobernador, Mariano Arcioni, se eliminó el sistema de retornos de la obra pública.
Según publica diario El Chubut, el fiscal Héctor Iturrioz graficó que un buen esquema de reparación sería 1 millón de pesos como mínimo para los empresarios “chicos”, mientras que para las grandes compañías rondaría entre los 3.000.000 y los 5.000.000 de pesos.
El fiscal Marcos Nápoli concedió una entrevista a Infobae, donde relató el mecanismo de corrupción que se implementó en Chubut y analizó la similitud con el caso de los cuadernos “K” en el ámbito nacional.
Al igual que con el cuaderno de anotaciones del chófer Oscar Centeno, en Chubut se desató una ola de investigaciones a partir de dos elementos trascendentales: un sobre con documentación que apareció en la Legislatura provincial y una planilla Excel con una “precisión contable” pocas veces vista, que describía el supuesto pago de sobresueldos a funcionarios.
“Apareció una planilla en donde el actual Gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”, sentenció Nápoli en diálogo con Infobae.
Por su parte, el otro fiscal que está al frente de la investigación junto a Nápoli, Héctor Iturrioz, se refirió a la suspensión del juicio a prueba y focalizó la atención en la reparación de los empresarios por el daño ocasionado.
“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, remarcó Iturrioz, aunque sin precisar demasiado en torno al cálculo establecido de esas sumas.
Iturrioz desmanteló la posibilidad de que el antecedente en Chubut en torno a la probation de los empresarios pueda generar un precedente en el caso que llevan adelante el fiscal Carlos Stornelli: “Es diferente del proceso que sigue la Justicia Federal (en relación a la causa de los cuadernos) porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”.
El fiscal comodorense arriesgó más y consideró que sería un error no otorgar la probation: “La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios”.
El caso tiene otras similitudes, como el rol y las declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y el presidente de la Cámara de la Construcción de Chubut, Patricio Musante. Ambos reconocieron el pago de coima con lujo de detalles y hoy están libres.
