El temporal de lluvia que afectó a Comodoro Rivadavia el 29 de marzo de 2017 se inició según el Servicio Meteorológico Nacional a las 17:50. Sin embargo, un grupo de empresas contratistas de la Municipalidad, comenzaron a facturar sus servicios en la Emergencia el mismo día a las 8. Es decir, antes de la lluvia.
Las irregularidades incluyen trabajos facturados pero no realizados; equipamiento declarado que las empresas nunca habían tenido; subcontrataciones poco claras con supervisiones irregulares; partes diarios corregidos de manera “artesanal” y hasta choferes y máquinas localizados el mismo día y hora pero en lugares diferentes.
En este sentido, el fiscal Héctor Iturrioz explicó que “hay una complejidad ligada a la gente que interactúa en estas causas de corrupción. Siempre lidiamos con funcionarios públicos y con funcionarios en ejercicio de su poder político. Eso trae complicaciones pero ninguna que no se pueda sortear con paciencia, imaginación y aprovechando al máximo los recursos”.
“Esta causa es compleja por la cantidad de actores secundarios que hay. Sólo en la remoción de barro hay 300 personas físicas y jurídicas para investigar. La mayoría son personas que actuaron conforme a derecho pero hay un grupo importante de ´vivos´ que se llevaron la mayoría de los recursos económicos”, dijo.
El fiscal lamentó que el presunto delito se sustancie en un contexto de emergencia climática extrema. “La gente de Comodoro la estaba pasando súper mal y que ese contexto se use para robar no tiene perdón alguno”, aseguró.
Iturrioz no advierte un plano de igualdad entre funcionarios y empresarios involucrados. “El funcionario jura ante la Constitución y los Santos Evangelios, defender el patrimonio público y es quien le damos la responsabilidad de cuidar nuestros recursos. El empresario es un particular que comete delito y eso siempre hubo y habrá”.
En este marco, reconoció su “sorpresa” por el grado de desatención para documentar las presuntas actividades fraguadas. “Lucen tan palmarias y son tan fáciles de ver con un cotejo no muy minucioso. Tenemos un lápiz, una birome y un cuaderno. Con eso miramos los expedientes y los analizamos. Las contradicciones surgieron inmediatamente”.
La investigación tuvo su punto de partida con la empresa Forever Pipe cuyo trabajo se abonó de manera irregular sorteando todos los controles del Estado. Y se potenció con una denuncia mediática de Fernando Álvarez de Célis, funcionario nacional. “Los recursos no desaparecen por arte de magia o se mal distribuyen, sino que se los robaron. Una empresa (Golfo) puso a trabajar 11 máquinas y no las tenía; entonces pretendió acreditar que las había subalquilado a un contratista del Estado, otra cosa reprochable. La empresa reconoció no haber alquilado nada por lo que las máquinas no existían cuando funcionarios reconocieron que estaban y además, habían trabajado”.
Detalló que el fraude podría cuantificarse provisoriamente en unos 120 millones de pesos, equivalente al 40% de los 300 millones que se erogó para la remoción de lodo y barro.
“Iremos avanzando en la medida que tengamos recursos, se actuará aún con el riesgo de perder la información. Al Ministerio Público Fiscal no se le amplió ninguna partida, es más se le retacean los recursos” dijo advirtiendo una fuerte injerencia política en el caso.
“En la Municipalidad al único que se denuncia es a Brothers Truck y no existe otra respecto a prestadores en la emergencia. Y se inició en el Tribunal de Cuentas porque las horas de servicio eran muchas y faltaba documentación y el registro de empleados siendo que a otras empresas que carecen de esto; nadie les dijo nada y se les pagó a todos inclusive habiendo expedientes observados”.
Esta empresa cobró 4,5 millones pero según el municipio no cobró nada pese a que este dato surgió de un listado enviado al Ministro del Interior el 16/08/17 solicitando ATN por 149 millones adicionales ya que previamente se habían remitido 50 millones –según publica Diario Jornada-.
Iturrioz hizo referencia al uso abusivo del mecanismo restrictivo de pago conocido como “legítimo abono”. “¿Qué dice la doctrina y la legislación? Que en estos casos el análisis del pago debe ser mucho más estricto y se debe acreditar que el trabajo pagado existió”.
También recordó el caso del chofer jubilado residente en Puerto Madryn que tras dejar de percibir su haber, fue reconocido por el sistema como “empleado” de una empresa comodorense durante el temporal. “Esta persona dejó de percibir su haber jubilatorio, fue a la AFIP y le comunicaron que era empleado de una empresa de Comodoro cuando nunca había trabajado acá. Hizo una denuncia penal”.
En primera instancia los funcionarios citados por la Justicia son el ex secretario de Infraestructura Abel Boyero, su par de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque; su sucesor actual en el cargo Rubén Sartori y el supervisor Joaquín Mansilla, encargado de certificar y avalar las tareas realizadas.
En cuanto al cierre de la investigación, Iturrioz precisó que demandaría un año resaltando cierta falta de colaboración en el aporte de documentación. No descartó futuras imputaciones incluyendo a actuales funcionarios municipales.
“Lo peor es que no se llegue a esclarecer toda la verdad y que la investigación se corte a mitad de camino o el hilo se corte por lo más delgado. El cierre ideal sería con todos los implicados condenados. Siempre y cuando se acredite su responsabilidad”, concluyó el fiscal.
