El fiscal a cargo de la causa por los sobreprecios facturados por empresas luego del temporal del 2017, Héctor Iturrioz, aseguró que luego de tres meses de investigación, que se iniciaron en el mes de mayo de este año, se concretaron 13 allanamientos en dependencias públicas, empresas y domicilios particulares; y detectaron que funcionarios públicos certificaron tareas que eran imposible que se realicen porque no estaban las maquinas.
Héctor Iturrioz, en diálogo con FM 100.1, comentó que detectaron que varios empresarios locales aprovecharon las consecuencias del temporal del año 2017 para sobrefacturar los servicios que prestaron en los diferentes barrios. Esta semana se realizaron allanamientos en los domicilios comerciales de las empresas Patagonia Expedition, Golfo San Jorge y Astoil.
«Hay dos funcionarios, ex funcionarios, que no están en la ciudad, y empresarios de los cuáles aun no podemos proporcionar los nombres. Si sobre los allanados, ya tenemos una presunción de certeza que van a ser imputados, pero no son los únicos. La orden que nos había dado la Dra. Mariel Suarez no incluía detenciones pero si una requisa personal porque sino era imposible secuestrar los teléfonos personales, porque se los guardan en el cuerpo y no podemos hacer las requisas ni secuestrar» explicó.
Luego relató el procedimiento realizado en la empresa ubicada en el barrio Industrial, que durante el procedimiento fue agredido un policía: «A Roberto Monasterolo – titular de la firma Golfo San Jorge- ya se le había notificado del secuestro del teléfono celular, es más, llega a la empresa hablando por celular. Cuando se lo pedimos dijo que lo tenía en la pick up cuando en realidad se lo había introducido en el jean que tenía puesto en ese momento, se dirigió a la camioneta y quiso darse a la fuga. Se acerca un funcionario policial que intentó meter la mano para sacarle la llave y es ahí donde se produce la lesión».
Sobre los allanamientos en el municipio local, Iturrioz comentó que la documentación que obtuvieron fue muy copiosa, «el Dr. Criado Arrieta estuvo realmente correcto. Detectamos que había muchas falencias. Por ejemplo figuraban empresas contratadas por determinado monto, cuando se daba la base argumental, se daba cuenta que era menos. Por ejemplo Brothers Truck donde dice que al 16 de agosto se le debía 16 millones de pesos. Hay documentación que estuvo en algún momento y ya no».
«A mi me llama la atención que la empresa Golfo San Jorge sea una mayores contratistas contratistas del municipio, sobretodo de la gestión Boyero. Hay documentos de AFIP que afirman que hay un vínculo cierto y acreditado. Esa empresa realizaba trabajos de remoción en los barrios con maquinarias propias que no estaban en la base cuando llegamos, y maquinarias teóricamente contratadas a terceros con contratos de locación que no fueron tales. Esos terceros fueron convocados a dar testimonio y dijeron que hubo intenciones de hacer ese contrato pero nunca hubo principio de ejecución puntualmente sobre esas máquinas, que si bien no las tenía pero igual las facturó» indica el fiscal.
Sobre las 11 maquinarias detalladas comentó que «hay funcionarios municipales que certificaron que esas maquinas trabajaron y está certificado que no lo hicieron. Hay que ver con cuanto personal contaba la municipalidad para controlar eso».
