Entre sus fundamentos, el Fiscal mencionó que una serie de ex integrantes del movimiento denunciaron que en forma compulsiva no voluntaria les hacen hacer entrega de aportes dinerarios mes a mes que provienen de ese salario que les da el estadio Estado nacional. “Ese es el nudo de la denuncia, después hay otras circunstancias que lo amplían”, suscribió.
“Este mecanismo viene después de las inundaciones del 2017, algunos inmediatamente se pusieron a hacer este aporte porque son gente muy carenciada y a los que lo hicieron inmediatamente le dieron de baja el plan. Esta situación la denunciaron ante un legislador nacional que vino a entregar unas máquinas al Movimiento y les dijo que denuncien a la Justicia Federal y a partir de allí sucede esto”, agregó.
En ese marco, señaló que “cuando se iniciaron los planes, eran de 4 mil pesos y les pedían 400 pesos, o sea un 10%. Eso se fue incrementando y hoy está en 12 mil pesos. Después están los refuerzos de ayudas sociales, que también deben dejar 200 pesos o está el que tiene que ir a trabajar, pero no quiere hacerlo paga mil pesos más, y no tiene la necesidad de cumplir las horas”.
“Hay mucha recaudación anómala acá, que se denuncia y hay que investigarla. El beneficiario directo del Plan Social lo cobra a través del Banco Nación y una vez que estaba el depósito les avisaban en un grupo de WhatsApp que estaba el depósito y que no olviden de los aportes, que deben pagarlo antes del día 5 y había ‘premio’ para el que pagaba más puntualmente, entonces cada uno cobraba y pagaba en mano a su referente”, detalló Iturrioz.
El funcionario de Fiscalía comentó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz que “acuden a mecanismos extorsivos no voluntarios y hoy se gestiona una marcha en mi contra. Dijeron que no tienen recursos pero que van a empapelar Comodoro, entonces no sé de dónde los van a sacar para hacerlo”.
“Pueden ir 200; 300 o 500 personas a la marcha. Un 10 por ciento va voluntariamente y el resto va a ir obligada. No me molesta porque es parte de mi trabajo, pero sí cuando hay una extorsión con esas personas que tienen sus necesidades más básicas insatisfechas como ser la alimentación”, sostuvo.
Recaudación
El Fiscal comentó que “ayer referían públicamente que tenían 250 adherentes de los cuales cobraban en forma voluntaria 500 pesos a cada uno, o sea que tienen una recaudación mensual de 125 mil pesos, que sirven para pagar los 17 mil pesos de alquiler en calle Alsina, pero hay 108 mil pesos que faltan”.
“Si esto es voluntario y se destina para gastos de la organización, me imagino que van a tener una contabilidad organizada, porque quién maneja recursos de terceros tiene que tenerla. Aparte hay subsidios de Nación, ayudas de Provincia y del municipio, que los mismos denunciantes dicen que se obtienen, y se la dan a un grupo cercano que la comercializan vendiendo bolsas con alimentos en domicilios particulares, a precios muy accesibles. Eso también forma parte de la denuncia, se hizo un trabajo de campo que lo refrenda”, amplió.
Del mismo modo, contó que “hay una denunciante a la que todos los meses le hacen firmar una planilla para presentarle a la Municipalidad diciendo que necesita alimentos y que no se los dan. Dicen que se los entregan tal el día y si no va, pierde el derecho y eso que sobra posteriormente se vende en uno o dos domicilios particulares”.
“La Justicia Federal se declaró incompetente y la Justicia Provincial se declaró competente. Se van a averiguar todas las ayudas que reciben y cuál es el destino de éstas. Hasta el momento hay cuatro personas identificadas y había otras tantas por identificar, serían las personas que conducen a nivel local este Movimiento. De hecho se va a oficiar continuamente al Ministerio de Desarrollo Social para que dé cuenta de cuáles fueron las causales que se denunciaron para excluir a determinadas personas, que aún no sabemos cuántas son”.
“Tengo toda la confianza en que se va a llevar adelante el juicio en tiempo y forma y que el Superior Tribunal de Justicia va a atender la impugnación extraordinaria que planteó el Dr. Rodríguez en cuanto a declarar la causa compleja. En épocas de problemas extraordinarios como lo es una pandemia, no se puede recurrir a soluciones ordinarias, porque se van a devenir fútiles”, concluyó.
