Este miércoles, en los tribunales penales del Barrio Roca, se concretó la audiencia de apertura de investigación en contra del juez de Ejecución Civil Gustavo Toquier por sus actuaciones en un expediente vinculado a la empresa Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López.
El fiscal Juan Carlos Caperochipi, calificó el hecho como “prevaricato y retardo de Justicia, en concurso ideal” y solicitó el plazo de seis meses para concluir con la investigación. Se considera que obró de esta manera al abrir en los tribunales de Comodoro Rivadavia el Concurso Preventivo de Oil Combustibles, cuando era solicitada su apertura en tribunales de Capital Federal, dilatando así el proceso judicial solicitado por la AFIP.
El hecho
En agosto pasado, el Superior Tribunal de Justicia resolvió suspender durante 30 días al juez de Ejecución Gustavo Toquier, con asiento en Comodoro Rivadavia, a raíz de su actuación en un expediente vinculado al concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López.
El magistrado había sido denunciado por directivos de la AFIP y la Inspección General de Justicia, mientras que la corte provincial aplicó la sanción por considerar que el magistrado actuó de modo parcializado.
Los cuestionamientos apuntaron a la falta de imparcialidad del juez al abrir la posibilidad de tramitar el concurso preventivo de la empresa en Comodoro Rivadavia cuando su domicilio legal estaba en Capital Federal y debía seguir tramitando en un juzgado de aquella jurisdicción.
El expediente se vincula con la deuda que el fisco reclama a Oil Combustibles, que al momento de la denuncia era del orden de los 8 mil millones de pesos y que, actualizada en los últimos dos años, supera el doble de esa cifra.
“Con su conducta comprometió su imparcialidad y la de todo el Poder Judicial provincial, provocó un escándalo jurídico entre jurisdicciones, opacó la imagen del sistema judicial provincial y violó los deberes de eficiencia, probidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad, objetividad, buena fe y lealtad procesal. Ello, constituye un hecho de gravedad tal que este Superior Tribunal no puede tolerar. Se encontraba en juego el patrimonio del Estado Nacional, en un monto varias veces millonario. Sin embargo el Juez Toquier, desatendiendo la norma procesal que le obligaba a remitir la causa al Tribunal Superior hizo caso omiso de ello, sin evaluar las consecuencias disvaliosas que ello podía acarrear al Fisco Nacional”, manifiesta la resolución.
La declaración de Toquier
Por su parte la defensa no compartió lo manifestado por los fiscales respecto al hecho y a la calificación legal que se le atribuyó a Toquier, al señalar que “no ha quedado claro lo del retardo malicioso”. La Corte Suprema cerró el conflicto resolviendo que era de competencia nacional el concurso, pero no calificó la actuación del juez, pudiéndolo haber hecho.
El imputado hizo uso de su derecho a declarar sosteniendo que “la interpretación que hace la fiscalía no se ajusta a lo que dice el expediente” civil. “El proceso del cambio de domicilio no estaba dado de manera simultánea con la presentación del concurso”, aseguró Toquier. Tengo un acto administrativo válido, emitido por un funcionario público que me certifica un domicilio, aseguró entre otros conceptos en su defensa.
Finalmente el juez penal consideró en su resolución que “prevaricato es el acto contrario a la Ley” y que “el cumulo de trabajo a veces excede el tiempo las posibilidades que tiene un juez para contestar en forma urgente”, sin adelantar opinión con ello ya que “todo es materia de investigación”. Otorgando el plazo de seis meses de investigación, dando por formalizada la presente investigación, teniendo por anoticiado al imputado del hecho y la calificación que se le imputa y por asegurada su defensa técnica –según publica ADN Sur-.
