Los recientes anuncios sobre el acuerdo con el FMI agrandaron la puja entre los funcionarios del sector energético, donde varios responden a Cristina Fernández de Kirchner.
Los recientes anuncios sobre el acuerdo con el FMI y sobre cómo se implementarán las subas de las tarifas de gas y electricidad a lo largo de 2022 agrandaron aún más la interna entre los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, donde varios responden a la vicepresidenta, según publica Infobae.
Para nada es un tema más: además de ser crucial en los gobiernos de CFK y para muchos una de las claves de que Mauricio Macri perdiera las elecciones en 2019, la cuestión energética estuvo sobre la mese de discusión con el FMI hasta último momento. Es que desarmar la madeja de subsidios y sobrevivir a los tarifazos parece una verdadera misión imposible para cualquier gobernante argentino.
Como si la pelea del año pasado entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y unos de sus subalternos, Federico Basualdo, cercano a La Cámpora y subsecretario de Energía, no hubiera sido suficiente, el mismo día que el ministro envió el acuerdo con el Fondo al Congreso, renunció uno de sus asesores energéticos, Javier Papa, con duras críticas a las medidas de corto plazo del Gobierno. Guzmán echó a Basualdo y luego tuvo que volver sobre sus pasos: el funcionario de tercer rango sigue en funciones y que el apoyo del ala dura de la coalición gobernante.
Tarifas
En conferencia de prensa, esta semana la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, informó que durante 2022 y 2023 la suba de tarifas para los usuarios residenciales iba a ser menor al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, que en 2021 fue del 56,5%.
Los usuarios de mayor poder adquisitivo (se calcula un 10% del total) dejarán de recibir subsidios; los beneficiarios de la tarifa social tendrán un incremento total del 40% del CVS, que rondaría el 22,6%. Y el resto de los usuarios, una suba equivalente al 80% del CVS, un 45,2% aproximadamente.
Esta decisión borró el tope de aumento del 20% que a fines del año pasado habían anunciado los funcionarios del área energética que tienen línea directa con la vicepresidenta; una decisión que no parecía tener el aval de Guzmán, del cual depende la Secretaría de Energía.
El tema tarifas fue clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que reclamaba una reducción de subsidios. Y desde el inicio se sabía que el aumento propuesto del 20% era insuficiente para acercarse a ese objetivo. Con todo, a fines de 2021 al secretario de Energía, Darío Martínez, no le quedó otra opción que ratificar el tope del 20% a través de su cuenta de Twitter.
Otro cortocircuito entre los funcionarios del área se dio a comienzos de febrero de este año, cuando desde el sector cercano al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), dieron a conocer un esquema de segmentación de tarifas por zonas. Abarcaba a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, un 10% del total. La mayoría en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Villa Devoto y unas manzanas de Caballito.
Funcionarios cercanos a la vicepresidenta y al Instituto Patria
Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica: Logró permanecer en su cargo a pesar de que a mediados del año pasado se anunció oficialmente que el ministro Guzmán le había pedido la renuncia. Incluso por varias horas se había confirmado que estaba fuera del Gobierno. El conflicto, según trascendió, fueron los escasos avances en la segmentación de tarifas que debía aplicarse desde su área. Es un cuadro de La Cámpora y en el comienzo del Gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo del ENRE (entre 2014 y 2015 ya había sido parte del organismo durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner).
Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas): Está al frente del organismo que regula las tarifas del gas en todo el país. Y es uno de los vocales del Instituto Patria que lidera la vicepresidenta.
Soledad Manín, interventora del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE): llegó al ente en reemplazo de Federico Basualdo. es abogada, investigadora y docente de la UBA. Está especializada en Derecho Administrativo y en Derecho de Consumidores y Usuarios. “No tengo dudas que va tener un excelente desempeño”, dijo Basualdo cuando la nombraron.
Agustín Gerez, presidente de IEASA (la Ex Enarsa): En su cargo, es el encargado de la importación de gas para abastecer al mercado local, entre otras funciones. Asumió en febrero del año pasado. En 2013 comenzó a trabajar en la entonces Enarsa hasta la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, donde fue reemplazado.
La última renuncia
El viernes, mientras el Gobierno daba los detalles finales al acuerdo con el FMI, se hizo pública la carta de renuncia de Papa. Fue la segunda: el año pasado había dejado el cargo de Subsecretario de Planeamiento Energético.
