Temor por las obras y las salpicaduras: En Casa Rosada algunos sectores manifiestan preocupación por las consecuencias del caso sobre los créditos para la construcción y la obra pública. Sin ninguna autocrítica, desde el radicalismo atribuyen la actual crisis económica a la presunta corrupción.
Primero vino la satisfacción oficial por la explosión de una causa que golpeaba al kirchnerismo. Luego el operativo para despegar rápidamente al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, de las presuntas coimas. Ahora es el momento de preocuparse por el impacto económico. Como venían advirtiendo algunos sectores del oficialismo, la causa de los cuadernos puede tener un impacto sobre los créditos para la construcción y sobre la obra pública. Si bien en la Casa Rosada aseguran que sin condenas no hay posibilidad de rescindir contratos, si el caso sigue creciendo puede que no les quede otra opción. Además, hay preocupación por que la causa los salpique: ya comenzó el operativo para mostrar el Cambiemos hizo las cosas de forma distinta con la obra pública. Y hasta hay oficialistas que buscan explicar la crisis económica actual con las sospechas de corrupción en el gobierno anterior.
Hasta ahora, la posición que sostienen en el oficialismo es no anular obras públicas hasta que no haya una condena, aunque hay debate interno sobre qué hacer. Algunos ministros, como el de Energía, Javier Iguacel, tienen pensado avanzar con auditorías, en especial sobre las represas de Santa Cruz que están a cargo del empresario Gerardo Ferreyra. Hace tiempo que el Gobierno busca desplazar a Ferreyra –dueño de Radio del Plata, cuyos trabajadores denuncian un vaciamiento– y hacer negocios únicamente con los socios chinos de esas obras del sur.
No obstante, no es la única empresa involucrada que tiene contratos con Energía. También está Esuco, de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que la semana pasada complicó la coartada de la mayoría de los empresarios de que eran aportes electorales. Además, están BTU, Isolux, Impsa y Iecsa, la ex empresa de los Macri.
Existen sectores del Gobierno que plantean que hay que buscar cualquier resquicio para rescindir contratos con las empresas involucradas en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio o, de mínima, excluirlas del Registro de Obra Pública, de forma tal de despegarse lo más posible del caso. Tras una semana en la que Calcaterra estuvo en el centro de la escena, pero salió caminando, en el Gobierno siguen de cerca qué otros posibles ribetes de la causa pueden impactarle.
No obstante, la avidez por anular contratos no es generalizada. Otros señalan que un freno a la obra pública podría ser devastador para la economía en el peor momento de la gestión de Cambiemos. Un tercer sector tiene una mirada proempresaria, no importa cuál sea el contexto: indican que anular contratos termina espantando inversiones y que los empresarios tienen derechos adquiridos. Sobre todo, hay preocupación por aquellas empresas que entraron en el sistema de Participación Público Privada (PPP), el caballito de batalla del oficialismo para reactivar la obra hacia 2019, en pleno ajuste de las cuentas públicas.
Todo esto se debatió en un encuentro en la Rosada la semana pasada. Estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sus coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y los tres ministros que manejan obra pública: Iguacel, Guillermo Dietrich, de Transporte, y el de Interior, Rogelio Frigerio. A ese grupo se sumó la pata judicial: estuvo también el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías –que colaborará con las auditorías que se hagan–, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el lilito Fernando Sánchez.
Si por ahora el Gobierno no se puede diferenciar por echar empresas, la estrategia se centra, entonces, en insistir en que, desde su llegada en 2016, manejó las cosas de forma muy distinta al kirchnerismo. En esa línea, habló el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Ricardo Delgado. “Hemos cambiado la lógica de la obra pública”, sostuvo. Dijo que el Registro de Constructores que está a su cargo viene sancionando a las empresas involucradas en casos de presunta corrupción. “El registro prevé un listado de sanciones bajo distintas causas a aquellas empresas que incumplen”, detalló. “Desde que asumimos, sancionamos ya a veinte empresas y también suspendimos a algunas”, aseguró. Mencionó a Odebrecht, Electroingeniería, Isolux, CPC (de Cristóbal López) y las empresas de Lázaro Báez.
Otra línea que está explorando el oficialismo es la de vincular la actual crisis económica con la causa de los cuadernos, como forma de restarle responsabilidad al Gobierno actual por lo que está ocurriendo y obviar las decisiones económicas que tomó en los últimos dos años y ocho meses. Quien buscó hacer esa conexión es el presidente del bloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, quien dijo que “el kirchnerismo se jactó de ‘invertir’ en obra pública y subsidios al transporte y la energía el 30 por ciento del Presupuesto, que en total es el 25 por ciento del PBI. Sobre esos montos los sobreprecios confesados eran mínimo el 10 por ciento”. “El 0,75 por ciento robado por cada uno de los 12 años es igual al 9 por ciento del PBI. Es decir, UNA VEZ Y MEDIA el déficit fiscal, que es el 6 por ciento del PBI. ESO explica la inflación y la pobreza. ESA es la verdadera razón por la que el Estado ahora se tiene que ‘ajustar’. Porque lo saquearon”, aseguró el dirigente radical, con mayúsculas incluidas.
