Faltantes de productos en las góndolas, largas filas para cargar combustible, menúes de restaurantes sin precio y arbolitos sin referencias para el dólar paralelo. Esas son algunas de las postales que se volvieron habituales en las últimas semanas y reflejan el estado de una macroeconomía con un denominador en común: distorsiones de precios e incertidumbre de corto plazo. En los últimos cuatro años, algunos sectores clave fueron el foco de congelamientos o planes de control de precios, con subas por debajo de los costos, mientras que otros se hicieron el camino para alcanzar fuertes incrementos por encima de la media. Y la foto del país hoy, sobre el final de la gestión de Alberto Fernández, muestra las consecuencias de estas distorsiones y las dificultades que tendrá la implementación de un plan de estabilización con la “inflación reprimida” a lo largo de los años.
Desde la llegada de la dupla Fernández-Kirchner a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019, la inflación acumuló un avance del 712,9%, según los números informados por el Indec hasta septiembre. Sin embargo, detrás del avance del IPC (un promedio ponderado entre diferentes categorías) subyace una dinámica heterogénea entre los diferentes rubros de la economía. Mientras que hubo sectores en los que los precios se dispararon, en promedio, hasta un 994,4% (tal es el caso de las prendas de vestir y el calzado), los precios regulados por el Gobierno llegaron a moverse casi a la mitad que el nivel general. Un caso fueron las telecomunicaciones, que aumentaron un 368,3% en los últimos cuatro años. Este segmento fue objeto de un esquema de congelamiento y control de precios desde agosto de 2020, en el marco de la pandemia de Covid-19, con un decreto que derivó en que varias compañías se presentaran ante la Justicia con medidas cautelares objetando la regulación oficial, para ajustar sus precios por encima de lo estipulado.
El caso de los combustibles y el transporte es paradigmático. La nafta súper trepó en ese período un 350,9%, mientras que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un 194%: en diciembre de 2019, el boleto mínimo costaba $18, el Gobierno decidió congelarlo, y hoy cuesta $52,96. Este último punto, que incluso protagonizó la campaña electoral con supuestos incrementos en el caso de un triunfo de la oposición en las elecciones, muestra también la heterogeneidad a nivel nacional: en Córdoba, el precio del boleto urbano es $185, mientras que en Mar del Plata cuesta $165,77 desde mayo.
“¿Hay inflación reprimida? Sí, por supuesto. Y la inflación sería más alta si no fuera por los atrasos de tarifas en los servicios públicos, el dólar oficial, o la implementación de Precios Justos en muchos sectores de la economía”, plantea Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. “De hecho, si se ajusta el tipo de cambio mayorista por inflación, en noviembre vamos a estar prácticamente al nivel de la convertibilidad, lo cual es bajísimo”, agrega el analista, en referencia al precio más relevante de la economía argentina, que el Gobierno mantiene congelado desde el día después de las PASO, cuando convalidó una devaluación que lo llevó a $350.
Y ese escenario de tipo de cambio fijo con aceleración inflacionaria consolidó un escenario de atraso cambiario, que se refleja en el tipo de cambio real multilateral. Ese indicador, que publica diariamente el Banco Central y estima el valor de la moneda local con respecto a las divisas de los principales socios comerciales del país, hoy se ubica en su nivel más bajo de la gestión Fernández, lo cual explica en parte la presión sobre las reservas, la necesidad de reforzar el cepo y de implementar tipos de cambio diferenciales para estimular exportaciones.
“En términos reales, se posiciona en niveles de 2017, cuando la economía tenía un marcado déficit de cuenta corriente. La magnitud de la brecha con los dólares paralelos, aun cuando se encuentra influenciada por la incertidumbre política que genera el proceso electoral, también pone en evidencia la necesidad de una corrección”, dijo Melisa Sala, economista principal de la consultora LCG.
Otro de los rubros con múltiples distorsiones y atrasos es el de Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que comprende centralmente a las tarifas de servicios públicos. Según el Indec, acumula en la gestión Fernández una suba promedio del un 415,8% (casi 300 puntos menos que la inflación promedio), a pesar de que en el último año el Gobierno avanzó en la segmentación tarifaria y una quita de subsidios en los hogares de mayor poder adquisitivo. Y ese contexto de atraso de tarifas, que impacta en un deterioro del servicio y presiona sobre el déficit fiscal por el abultado crecimiento de los subsidios, también muestra diferencias entre los usuarios: mientras que los usuarios residenciales de altos ingresos (N1) cubren 98% del costo con lo que pagan en sus facturas, los de bajos ingresos (N2) están en 14%, y los de ingresos medios (N3), en 17%, según estimaciones de Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.
“Cuando la dispersión de precios es muy grande y no se compensan estos sectores de otra forma, generan problemas de provisión de suministros y no hay incentivos para aumentar la producción. Pero es una decisión de política económica”, plantea Claudio Caprarulo, director de la consultora económica Analytica.
A su vez, el contexto de intervención sobre el sistema de precios, que se inicia con el objetivo de contener la inflación, termina generando consecuencias inversas a las buscadas inicialmente. Es que en un escenario de dispersión de precios e incertidumbre sobre los costos de reposición de bienes o de insumos, con cepo cambiario y restricción en el acceso a divisas, condiciona las decisiones de precio en el mercado. “Hoy quien vende un producto dice ‘Yo no se a qué precio me cubro’ pensando en cómo reponer ese bien. Por lo tanto, lo refleja en un valor final al consumidor más alto del necesario. Y un plan de estabilización permitiría reducir esa incertidumbre”, explica Daniel Marx, titular de Quantum Finanzas.
Desafíos pendientes para la próxima gestión
Son varias las consecuencias que terminan provocando los atrasos y las distorsiones de precios en la economía, con efectos inmediatos y de largo plazo. Uno de las más evidentes es la creación de brechas o diferencias de precios en un mismo bien. Por ejemplo, producto del rígido cepo cambiario dispuesto por el Banco Central, entre el tipo de cambio mayorista ($350) y el dólar blue ($915) hay una diferencia del 162%. Ese escenario genera un incentivo de mayor demanda de divisas para importaciones y un desincentivo a la exportación, que termina con la llegada de nuevas restricciones y regulaciones cambiarias para el acceso a divisas y la creación de tipos de cambio diferenciales (dólar soja, dólar Vaca Muerta, etcétera) para estimular la liquidación, incentivar el ingreso de divisas y buscar algo de dólares para las reservas del BCRA.
Lo mismo aplica con productos de consumo masivo en las góndolas. En autoservicios y comercios de barrio, donde no llegan los precios del programa que impulsó el Gobierno, una gaseosa cuesta $1300, mientras que en un hipermercado, la misma botella incluida en el programa Precios Justos se vende a $885: es una brecha del 46,8%.
“Justamente, los atrasos se dan en precios de bienes y servicios esenciales, que por alguna razón los distintos gobiernos tratan de que esté garantizado el acceso a toda la población. Sobre todo, cuando el resto de los precios aumentan, buscan que estos precios sirvan de ancla. Lo hizo este gobierno, el anterior y también el de Cristina Kirchner”, opina Caprarulo. “Ahora, cuando el sector público tiene un problema de financiamiento, tiene menos posibilidades de congelar o hacer que el precio de algunos bienes y servicios crezca menos. Porque lo que no está pagando el consumidor, alguien lo está pagando, y por lo general la diferencia la termina poniendo el sector público. Pero si no están los fondos para hacerlo, se está obligado a que los precios del consumidor final reflejen de una manera más directa los costos. Hoy se espera que el próximo gobierno, sea presidente Javier Milei o Sergio Massa, haga una corrección”, añade el economista.
El debate sobre un eventual tarifazo tras las elecciones es un tema relevante de la campaña electoral, y el oficialismo insiste en que, en caso de un triunfo de Milei, habrá, por ejemplo, un fuerte ajuste en el transporte o las naftas. “O le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a $320, $350; o liberamos los precios y se va a 800 mangos”, dijo Massa esta semana, marcada por faltante de combustibles, negociaciones con las empresas y una lenta normalización del abastecimiento tras un ajuste de entre el 7,6% y el 10% en el precio de venta al surtidor.
Este sector ilustra las consecuencias micro y macro de las distorsiones. Con precios en los surtidores congelados, el canal minorista recibió mayor demanda de otros segmentos, como el transporte o el agro, que habitualmente consume combustibles en el canal mayorista (cuyos precios estaban un 20% más altos). A su vez, la demanda también aumentó por la creciente llegada de consumidores de países fronterizos, como Uruguay o Chile, que vienen a llenar sus tanques para aprovechar que la nafta en la Argentina es más barata que en sus ciudades.
Y esa distorsión de precios se combina con la brecha cambiaria para profundizar sus efectos negativos. Es que mientras los valores de venta internos de los combustibles se atrasan (medidos en dólares, están en mínimos de los últimos 10 años), también se afecta la dinámica de importación: faltan dólares para pagar esas compras y no hay incentivos para importar a precio internacional y vender internamente a valores inferiores. Y en ese escenario, se resienten los números de YPF, la petrolera controlada por el Estado (es dueño del 51% de sus acciones), que absorbe esa pérdida de combustible importado (como ocurrió en 2022 y la crisis por faltante de gasoil) para abastecer al mercado interno a los precios que dispone el Ministerio de Economía.
Corregir y estabilizar
Para Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, la corrección de precios relativos será un paso ineludible el año próximo, aunque advierte que esas medidas deben encararse en el marco de un plan de estabilización. “El piso elevado que dejará 2023, sumado al combustible que sumará ordenar el frente cambiario, hace sea imperioso tomar medidas simultáneas y coordinadas para atacar las causas y cortar la inercia inflacionaria”, dice el economista, quien sostiene que “cualquier agenda de 2024″ deberá contar con una limitación “fuerte” del financiamiento monetario del déficit, y un componente heterodoxo con medidas de estabilización destinadas a frenar la inercia, con acuerdos de precios y salarios en el primer semestre y eventualmente rediscusión de las cláusula de indexación.
“Si se quiere encarar un plan de estabilización, los precios relativos se tendrán que corregir más bien de entrada, para después sí bajar las expectativas inflacionarias”, agrega Tiscornia, quien de todas maneras indica que, de imponerse en el balotaje Massa, es de esperar un intento “más acotado y gradual” que derivará en mayores dificultades para bajar la inflación. “Dudo que el oficialismo busque ajustar todos estos precios, con lo cual habría una distorsión bastante fuerte que complicaría mucho a la economía”, sumó el analista.
En el mismo sentido, Sala apunta que un programa de estabilización de la economía solo es posible si se encara previamente un ajuste de los precios relativos. “De otra forma, la presión por el reacomodamiento de esos valores seguirá latente y atentará contra la estabilización pretendida”, concluye.
