Lo sellaron sindicatos y el gobernador: El acuerdo alcanzado entre el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, las cámaras empresarias y los gremios petroleros que participan de Vaca Muerta compromete a los sindicatos a no realizar ni convocar medidas de acción directa de carácter nacional o provincial que puedan afectar la actividad de los no convencionales.
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, se defendió de las críticas asegurando que es para «mejorar la productividad» y dar un «mensaje de tranquilidad» a los inversores extranjeros. El gobernador neuquino lo celebró con bombos y platillos: «se acabaron las excusas para no invertir», dijo exultante. En tanto, para el Gobierno nacional es un verdadero blindaje laboral en la única explotación productiva que tiene para relucir.
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, o como le dicen en su provincia y en el gremio, el «Caballo», firmó un inédito «blindaje anti-huelgas»: Se trata de una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos, integrada por empresarios, funcionarios y sindicalistas, como «instancia de gestión conciliadora para evitar que se tomen medidas de fuerza».
El pacto compromete al sindicato a no tomar medidas y si, como «último recurso» estas se llevan adelante, deberán canalizarse a través de la «Comisión» antihuelgas.
La firma del pacto fue promocionada con bombos y platillos por el gobernador Omar Gutiérrez. Igual que Pereyra, ambos pertenecen al MPN, la fuerza que gobierna la provincia de Neuquén.
Pero también participaron representantes de la cámara de empresas petrolera y de la norteamericana Halliburton. En el caso de los gremios, estuvieron la UOCRA y los petroleros jerárquicos, aunque no participó Camioneros quien criticó la medida.
El secretario general Carlos Roja adelantó la semana pasada al diario provincial ‘Río Negro’ que el sindicato «no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores» y que, de existir una convocatoria a medidas de fuerza, la acatarán.
La oposición al acuerdo también llegó desde el sector estatal. El secretario general de ATE y de la CTA, Carlos Quintriqueo, envió una nota al gobernador manifestando «preocupación» ante la iniciativa y reclamó que «desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores».
«Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional, conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilando nuestros recursos», criticó, según publicó el sitio ‘Vaca Muerta Web».
Lejos de aquellas críticas, el mandatario provincial insistió en que «este es un gesto de confianza para afianzar reglas de juego claras y anticipar la llegada de inversiones».
Pereyra se defendió de las críticas asegurando que «tenemos que ser capaces de resolver los conflictos mediante el diálogo permanente para no afectar a la actividad».
Señaló además que por el tipo explotación no convencional que es Vaca Muerta no puede frenarse la producción porque puede ocasionar que «el pozo se cierre» con el consiguiente deterioro en la provisión de gas.
Hace 10 días, cuando el dirigente petrolero anunció que llevaría la propuesta a la mesa de Vaca Muerta, dijo que lo que buscaban era «dar un mensaje de tranquilidad hacia afuera, hacia los inversores”.
Según publicó La Mañana de Neuquén, el dirigente aseguró entonces que actualmente en Vaca Muerta trabajan 30.000 personas y que el año que viene se «duplicarán los puestos de trabajo».
«Queremos firmar un acuerdo que le llegue a Estados Unidos o donde fuera, que les asegure que acá en Neuquén se vive en paz porque somos dirigentes que nos sentamos a la mesa para solucionar las situaciones», cerró el líder petrolero.
Uno de los párrafos del acuerdo sostiene: «No realizar o adherirse a medidas de acción directa, en cualquiera de sus formas o naturaleza, sea convocada en carácter local o nacional», lo que se traduce sin dudas en un blindaje a prueba de derechos laborales en la única explotación productiva que el Gobierno tiene para relucir.
