El Presidente tenía en el bolsillo un papelito con el anticipo del anuncio oficial que se hará pasado mañana de que la pobreza aumentó a alrededor del 30% mientras le aseguraba al círculo rojo neoyorkino que está preparado para competir por la reelección contra el populismo que amenaza la continuidad de los acuerdos que gestiona para que le financien la crisis. En 4 años, ni siquiera podrá esgrimir que su gobierno ha ido en dirección a cumplir la promesa de campaña de pobreza 0. Eso sí, deberá responder a inquietudes como las que vino a plantear la semana pasada la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver.
Al mismo tiempo, la devaluación, inflación, recesión e impacto en el empleo que hicieron subir más de 4 puntos el índice de pobreza de fines del año pasado obligan a atender la emergencia social que provocada por el crac de la política de endeudamiento que, según el economista radicado en Europa, Diego Estévez, delegó el poder a un consorcio compuesto por 7 fondos de inversión, los cuales ven a la pobreza como un 0, pero a la izquierda.
No es ninguna novedad que la devaluación, la inflación y la consecuente retracción al mercado laboral activan la fábrica de pobres, pero sí constituyó una primicia para el presidente Mauricio Macri, antes de viajar a Estados Unidos, el dato que le anticiparon con el informe preliminar sobre la pobreza elaborado por el INdEC: el índice saltó más de 4 puntos respecto de diciembre del año pasado y volvió al escalón de los 30 puntos.
Las estadísticas oficiales que está previsto se den a conocer pasado mañana, jueves, documentan lo que la calle trasunta en el día a día: 3 de cada 10 argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
«Lamentablemente seguirá creciendo», se había resignado el mandatario a comienzos de setiembre cuando prometió medidas destinadas a los sectores más humildes.
En cuanto el dólar tocó los 40 pesos, la frontera del acceso a la alimentación básica para que una familia de 5 miembros, constituida por una pareja y 3 hijos, no cayera en la indigencia en el octavo mes del año se desplazó a 8.347,57, mientras que abajo de los 21.949,53 pesos que costaría cubrir las necesidades básicas se entraría en la zona económica de la pobreza.
El cinturón aprieta distinto entre aquellos que tienen trabajo y sienten que se empobrecen (el padrón de los 12.283 millones registrados a junio 2018, según SIPA) y los directamente condenados al descenso social que dependen de regulaciones estatales.
La franja que comprenden el estado de necesidad extremo y el que no llega a tanto está ocupada, en mayor medida, por el 40% de la población de un modo u otro sujeta a pasividades, como jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.
Así se clasificarían como pobres:
-Aquellos que perciben el salario mínimo, vital y móvil, los trabajadores informales y el 70% del padrón de jubilados que cobra la mínima, 10.700 pesos;
-Los jubilados que promedian los 17.000 pesos;
-Empleados de oficina y administración encuestados por la Fundación WageIndicator, que en promedio bruto a setiembre están entre 16.000 y 20.000 pesos.
Como indigentes se agruparía a:
-Los que sólo reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4,5 millones de beneficiarios, en torno de los 1600 pesos;
-Los más de más de 260 mil que cobran 4.430 pesos por los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio, ahora resumidos en Hacemos Futuro, por realizar alguna actividad a cambio.
-Las más de 15 mil personas en situación de calle, que sobreviven en la mendicidad y marginalidad que, según las estiman las organizaciones de la sociedad civil, religiosas y gubernamentales, se cayeron del mapa.
Derecho a comer
El agravamiento de la vulnerabilidad social en Argentina atrajo al país, por primera vez, a una Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, como Hilal Elver, quien estuvo hasta la semana pasada recabando información de primera mano ante un eventual incumplimiento del nivel de disfrute del derecho a la alimentación y analizó con las autoridades alternativas para lograr una mayor inclusión para las personas cuyas situaciones se han vuelto más vulnerables, tanto en áreas urbanas como rurales –según publica Urgente 24-.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, ya había advertido en una entrevista concedida a la agencia DPA que “frente al hambre, el Gobierno argentino va a tener que inyectar más partidas de dinero en las capas más bajas de la sociedad».
Se basaba, en realidad, en los datos que ahora se apresta a difundir el INDEC: que antes de fin de año la pobreza afectaría al 30% de la población argentina (más de 13 millones de personas), mientras a fines de 2017 se encontraba, tras dos mediciones a la baja, en un 25,7%.
Sostuvo que «la única contención que hay por el momento para los más pobres son los programas sociales, por lo cual, ante un escenario de devaluación como el de los últimos días, se debería disponer una medida de compensación de emergencia para no llegar a una situación de hambre más extrema en la población y evitar un estallido social o una situación de mayor gravedad de malestar económico», reconvino.
Detrás de los acontecimientos, la Administración Macri se puso a estudiar un paquete de medidas de emergencia, como un bono especial, el refuerzo de los programas alimentarios, la ampliación del control de precios para productos de la canasta básica y una transferencia de fondos sociales a las provincias, y al mismo tiempo gestionar un crédito del Banco Mundial destinado a ampliar la cantidad de beneficiarios de la AUH.
La perspectiva cierta de que se esté incubando un desborde callejero de la protesta social a medida que se acerca fin de año formó parte de las negociaciones para la ampliación crediticia con el Fondo Monetario Internacional, que autorizó a aflojar un poco el nudo del ajuste en los sectores más vulnerables.
No es sólo por una cuestión de humanidad, sino que las exigencias que le plantean a Macri la comunidad internacional y los mercados (expresadas a través del FMI y Wall Street) no se limitan a poner las cuentas bajo control y suprimir déficits, sino a garantizar, simultáneamente, la continuidad de las políticas que le imponen más allá de la elección presidencial de 2019.
De ahí que el jefe de Estado tuvo que aprovechar el foro norteamericano y anunciar formalmente que está preparado para competir por la reelección.
Ni el humor social ni los números lo ayudan demasiado para el cometido. Tomando las cifras de la Fundación Capital, este año va para:
-un 2,9% de retroceso en el PBI, agravado en el 2° trimestre con el peso de -4,2%;
-el desempleo más alto de su era, del 9,6%;
-el mismo salario real mínimo que en 2009, luego de reducirse -6% este año (con un vaticinio del 10% en el semestre);
-una inflación del 43,3%, y ahora también
-el 30% de la población sumergido en la pobreza.
El capital político propio para remontar la cuesta el año que viene no da para enamorar:
-un -0,6% de merma en el PBI,
-una inflación del 26,6%,
-el salario real -1% y la masa salarial (que calcula el promedio que gana la población ocupada) 1,7% menos que la de este año, que ya viene -5,3% bajo cero.
Únicamente, la carta triunfadora dependería de un eventual espanto del electorado que rechaza regresar al populismo y el liderazgo de una CFK acosada por las denuncias de corrupción que podrían terminar con ella presa.
