La investigación por la compra-venta de seis parques eólicos por parte de las empresas de la familia de Mauricio Macri suma nuevas medidas en torno a la ruta del dinero y a supuestos favoritismos del Ejecutivo. Un escrito del juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, demuestra que el magistrado indaga sobre tres cuentas bancarias en Nueva York, supuestas complicidades de funcionarios de siete áreas y la resistencia del Gobierno a entregar documentos clave.
En este caso se investiga si el Ejecutivo favoreció a las empresas de los Macri para que se quedaran con seis contratos sin pasar por licitación pública y poco después les permitieran revenderlos por una suma casi cuatro veces mayor, como reveló Perfil en enero de 2018.
El juez solicitó en abril que la Policía Federal se presente ante la actual Secretaria de Energía para reclamar los expedientes relacionados con las licitaciones públicas de los parques eólicos debido a que el organismo se resistía a entregarlos desde enero de 2018, de acuerdo con el oficio al que accedió este medio en los últimos días. Además, el juzgado requirió al Banco Central que arbitre las medidas para que las entidades bancarias informen a quienes pertenecen y quienes operan las cuentas bancarias de las empresas investigadas.
El juzgado debe analizar los movimientos de dinero realizados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, cuando se realizó el negocio denunciado por el diputado Rodolfo Tailhade (FpV). Con los parques eólicos, las empresas de los Macri ganaron al menos 48 millones de dólares La orden incluye las cuentas de las empresas de la familia presidencial, de dos fondos de inversión (Helios Partners y Selena Partners) y de las compañías Isolux, Genneia y la china Goldwind. También se solicitó información sobre tres cuentas en Nueva York.
Una de ellas pertenece al Banco Nación y habría recibido y transferido dinero de la operación Los movimientos bancarios ayudarían a determinar quiénes son los verdaderos socios de los Macri. Las empresas se fondearon para adquirir los contratos por US 25,8 millones y meses después debieron repartir las ganancias de las ventas de los parques en US 95 millones. El astro de Boca Carlos Tevez es uno de los socios en este negocio. La ruta del dinero permitiría conocer cuánto invirtió y cuánto recibió de ganancias.
La principal irregularidad. La empresa española Isolux se desprendió de sus inversiones en octubre de 2016 cuando anunció su retiro del país, ante una inminente quiebra, y frente a causas judiciales por supuesta corrupción durante el kirchnerismo. A pesar de este cuadro, el Ejecutivo de Macri entregó la licitación de un último parque eólico a Isolux: Miramar. Una de las tres cuentas en Nueva York identificadas pertenece al Banco Nación El contrato fue inmediatamente vendido por la española a Sideco, Socma y sus socios. Entre los expedientes que el Ejecutivo se resistió a entregar al Juzgado durante más de un año se encuentra justamente esta licitación.
¿A Quiénes se investiga? El escrito identifica a siete organismos del Estado: el ex Ministerio de Energía y Minería, la empresa estatal Enarsa, la Secretaría de Comercio, Cammesa, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,El Banco Nación y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además se investiga a los representantes de las compañías Sideco y Socma, actualmente lideradas por Gianfranco Macri, hermano del Presidente, y al resto de las empresas que participaron de la operatoria: Isolux, Genneia y Goldwind. Es sobrina del papa Francisco y trabaja en una fiscalía que investiga a los Macri La investigación periodística demostró que la familia presidencial venía preparando su ingreso al negocio de los parques eólicos desde fines de diciembre de 2015. Comenzaron a formar sociedades anónimas a nombre de un contador. Luego adquirieron los contratos y un parque a Isolux. De esta forma, evitaron pasar por la licitación. La compra-venta de estos contratos está permitida. El objetivo de Sideco y Socma no era deshacerse de los parques, era crecer en el negocio fomentado por el Gobierno. Pero en 2017, el caso Correo los obligó a desprenderse de varios negocios con el Estado ante las denuncias de conflicto de intereses. Así lo admitieron las autoridades de las empresas.
