El titular del gremio petroleros de esa provincia fue acusado junto a otros cinco integrantes de la comisión directiva.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Marcelo Silva acusaron por el presunto delito de administración fraudulenta al secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Guillermo Pereyra. El diario Río Negro informa que la sede del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa en la capital provincial fue allanada en diciembre del año pasado.
La imputación alcanzó además a otros cinco miembros de la organización gremial entre dirigentes y asesores contables: Antonio Riardo Astrada (secretario adjunto del sindicato), Carlos Omar Lorenzo (tesorero), Osvaldo Marín (secretario administrativo), Jorge Omar Allende (auditor externo) y Víctor Adrián Pelletieri (asesor contable).
Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017. La maniobra fue la siguiente: la firma ICYT S.A le facturó al sindicato mensualmente en concepto de servicios de gestión, lobby institucional, apoyo técnico y consultoría integral. Luego, los imputados, le facturaban a la firma en concepto de honorarios. En el lapso mencionado, el perjuicio fue de $19,2 millones.
La dinámica se repetía en forma mensual y coincidía en la mayoría de los casos con la IP de la computadora que emitía tanto la factura de la consultora como la de los directivos del sindicato. También se constató un incremento del 50 por ciento de la facturación en los meses de julio y diciembre, reflejándose el pago de un aguinaldo encubierto.
Desde el Ministerio Público Fiscal se planteó que “los cargos que ocupaban al momento de los hechos los imputados, les daban –de acuerdo al estatuto del sindicato- la administración de los fondos del mismo y fue violando dicho estatuto es que llevaron adelante las maniobras que se enrostran”.
Indicaron que “el documento que habilita el desarrollo de la maniobra fue firmado en el año 2002 y tuvo como objeto el cambio en la modalidad de pago de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato. El mismo fue motivado producto de la modificación del art. 20 de la ley de impuesto a las ganancias, la cual dispuso un tope a las remuneraciones de los miembros de las comisiones directivas en entidades sin fines de lucro. El incumplimiento de dicha normativa traía aparejada la pérdida de la exención en el tributo”.
Durante la audiencia de hoy, los fiscales solicitaron que el caso sea declarado complejo, para de este modo poder extender los tiempos de la investigación de cuatro meses a un año. El fiscal jefe Vignaroli fundamentó la solicitud en la cantidad de imputados que hay, la complejidad de los hechos bajo investigación y el volumen de documentación digital y en papel que debe ser procesada.
