En el marco de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, resolvió imputar a un padre y a una hija como coautores del presunto transporte de estupefacientes agravado y encubrimiento de contrabando, luego de que se interceptara al noreste de la provincia norteña un colectivo en el que transportaban más de 340 kilos de marihuana, 21 kilos de cocaína y mercadería de contrabando. Ambos quedaron bajo prisión preventiva tras un pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideró que en el caso existía “riesgo de fuga”.
Los cargos contra César Oscar Campos y su hija Lucila quedaron formalizados tras la exposición en una audiencia del auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el investigador Pablo Carraro, quienes explicaron que la investigación se inició en junio a partir de escuchas telefónicas en otro expediente. Estas interceptaciones revelaron que el ahora imputado, junto a un cómplice actualmente prófugo, era el encargado de gestionar el acopio de droga en la ciudad salteña de Orán para distribuirla después en distintas provincias del sur del país. De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la red contaba con una estructura logística que incluía autos, camionetas y lanchas para movilizar grandes cantidades de estupefacientes y distintos productos de contrabando.
La detención de los acusados ocurrió en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entre Pichanal y Metán, al noroeste de la provincia de Salta. Al momento de su captura, César Campos, quien conducía el colectivo, intentó justificar su recorrido afirmando que viajaba de El Galpón a Rosario de la Frontera, una coartada que la fiscalía desestimó como falsa. Durante la requisa del vehículo, el acusado admitió transportar “300 kilos de marihuana y 18 de cocaína”, aunque finalmente se hallaron 343 kilos de marihuana y 21 kilos de cocaína, junto a 598 paquetes de cigarrillos, 88 kilos de hojas de coca y 10 cubiertas de auto en diversos compartimentos del micro, informó este martes el MPF en su portal.
La pesquisa reveló que Campos, antes de su detención, alardeaba de los recursos con los que contaba para el transporte de drogas, ya que en un chat interceptado consignó que su organización disponía de suficientes medios para eludir los controles policiales. En sus comunicaciones, además, el acusado llegó a mencionar que debido a los intensos operativos de las fuerzas de seguridad en la ruta había postergado el transporte de mercadería de contrabando de un tercero porque, aseguró, “Ni los coqueros están pasando”.
Asimismo, en los días previos al operativo que detuvo al micro se registraron nuevos mensajes en los que se confirmaba que Campos sería el transportista de un cargamento importante y que viajaría en un colectivo. Ante esta información, el MPF solicitó medidas urgentes para monitorear su trayecto y frenar así el tráfico ilegal. Ya detenido el vehículo, cuando los agentes le exhibieron al conductor la orden judicial para realizar la requisa, el imputado admitió que transportaba droga.
En paralelo, la PSA había ejecutado allanamientos en otras localidades del norte de Salta, lo que derivó en la detención de Lucila Campos. Según la fiscalía, ella conocía las actividades ilícitas de su padre y tenía un rol relevante dentro de la organización delictiva: era responsable de alertar sobre los controles de seguridad en las rutas para facilitar el paso de la mercadería ilegal sin ser detectada.
Con todos esos elementos, la fiscalía requirió la prisión preventiva para ambos acusados tras considerar “la gravedad del hecho” y el “riesgo de fuga” y de obstrucción de la incipiente investigación. Resaltó también que la pena mínima en expectativa en esta causa era de seis años y eso obturaba la posibilidad de acceder al beneficio de la prisión condicional. A su vez, pidió la captura del presunto proveedor de estupefacientes y de un supuesto financista de la organización.
La defensa de los Campos no objetó las medidas, por lo que la jueza Giménez validó los argumentos de la fiscalía, formalizó los cargos y autorizó la prisión preventiva para los dos encausados. De esta manera, César quedó bajo custodia en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, mientras que su hija Lucila cumplirá arresto domiciliario por ser madre de un menor.
Para finalizar, la magistrada enfatizó que los delitos de narcotráfico representan una amenaza para la seguridad pública y exigen una respuesta contundente, en línea con los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
