La exfuncionaria y actual diputada de Chubut al Frente es investigada por la presuntas irregularidades en el manejo de fondos en la administración de las obras para la refacción de escuelas de la provincia. Hay otras siete personas imputados entre las que se encuentran exfuncionarios y empresarios
Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut se confirmó que el fiscal Omar José Rodriguez definió la imputación de la exministra de Educación y actual diputada provincial Graciela Cigudosa, en el marco de la investigación que busca probar una presunta defraudación al Estado mediante irregularidades en el manejo de fondos en la administración de las obras para la refacción de escuelas de la provincia, publica hoy La Tecla Patagonia.
Junto a Cigudosa fueron imputados el exsubsecretario del ministerio Raúl Alberto Care y su secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel y otras tres personas identificadas como Felix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra, que habrían formado parte de la maniobra fraudulenta.
La investigación tiene como hipótesis el armado simulado de concursos de empresas para direccionar las licitaciones y luego establecer sobreprecios de más del 500% de su valor en el mercado en materiales. Está centrada en las obras de establecimientos educativos ubicados en Rawson y Playa Unión.
En su presentación, la Fiscalía revela que «se logró establecer por parte de la ex-ministro de Educación de Chubut Graciela Cigudosa, el subsecretario de Educación Raúl Care, Gustavo Hueichan, Roxana Pereyra, Jorge Santucho, Daniel Benjamín Gel, el plan congeniado por ellos a fin de obtener un lucro indebido defraudando las arcas de la provincia del Chubut a través de una compulsa de precios inexistentes».
Respecto de la pena, para Cigudosa la Fiscalía adelanta que pedirá que no sea «inferior a los a los tres (3) años y (6) meses de prisión, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos». Además, la consigna a la exministra como «pieza central de la actividad delictiva, por ser en aquel entonces ser la autoridad máxima».
Por último, además de la imputación se solicita al Juez que «ordene el decomiso de los bienes que resultan el fruto de las conductas ilícitas enrostradas, consistiendo en todos los bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado, por cada uno de los imputados».
