La Justicia federal abrió una investigación e imputó al Presidente Mauricio Macri y los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, junto a varios funcionarios de Cambiemos, por “administración fraudulenta”, por el intento de privatizar “a precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
La denuncia presentada por un grupo de diputados nacionales del Frente para La Victoria en noviembre pasado sostiene que el Gobierno licitó las centrales por menos del valor que el Estado puso para una parte de su construcción licitada por Enarsa en 2010, por la mitad de la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación fijó en 2012 y por apenas algo más del doble que la ganancia obtenida por cada una de ellas en un solo año. En el medio, Iecsa (del grupo familiar Macri) recibió una indemnización de 1600 millones de pesos por la ruptura del convenio para continuar la construcción que había licitado, mientras que la Central Puerto, en manos de Nicolás Caputo, el “amigo del alma” del Presidente y cónsul honorario de Singapur, avanza para quedarse con las dos centrales termoeléctricas.
La denuncia se explaya sobre el proceso “irregular” que llevó a la privatización. Plantea que el Gobierno de Cambiemos, “a través de Aranguren y por orden de Macri”, negoció “cara a cara” con Ángelo Calcaterra la ruptura del contrato “por diferencias en la actualización de costos” de licitación de la construcción (todavía inconclusa) de las dos termoeléctricas “llave en mano”, licitadas por la administración kirchnerista en 2010 y ganadas por Iecsa y su socia Isolux. El primo presidencial no obtuvo todo su reclamo económico, pero se lo indemnizó con 520 millones de pesos y la condonación de mil millones más por una deuda de Iecsa con el Estado. Más 1100 millones por materiales que el Estado entregaría a los nuevos adjudicatarios.
Entonces Macri dictó el Decreto 882 del 1 de noviembre de 2017 para privatizar ambas termoeléctricas. Para la licitación, Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta al contado de 229 millones de dólares. Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta al contado de 155 millones de dólares. “En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. ¿Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 (Barragán) y 110 (Brigadier López) millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en la denuncia, de acuerdo a la valuación de las centrales que realizó la AGN aquel año.
Además, los denunciantes comparan el valor impuesto para las privatizaciones y las ganancias obtenidas por ambas centrales. “Los propios resultados operativos financieros publicados por Enarsa relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que (Nicolás) Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado Ebitda (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López”, dice uno de los párrafos del extenso escrito presentados por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.
Al frente del proceso de licitación estuvieron en representación de Enarsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, dos ex gerentes del Grupo Macri que eran parte del “comité directivo” de obras de las centrales Ensenada y Brigadier López de Iecsa –según publica Página 12-.
La denuncia penal también los involucra a ellos junto Hugo Balboa (ex presidente de Enarsa); Mario Dell Aqua (presidente de Ieasa, la empresa que unificó a las termoeléctricas nuevamente bajo manos del Estado); por los supuesto delitos de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También alcanza a Iguacel, por haber modificado posteriormente el pliego licitatorio, quitando la exigencia de la existencia de un “operador técnico” de las centrales para abrirles el mercado a los fondos de inversión. No se quedó afuera de la denuncia el primo presidencial, Ángelo Calcaterra.
Al tiempo que el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Gerardo Pollicita daban curso a la denuncia y las imputaciones, trascendió que la compañía Central Puerto, de Nicky Caputo, está a punto de quedarse con las dos centrales termoeléctricas en la licitación.
Según EconoJournal, la segunda generadora eléctrica del mercado –propiedad de los accionistas Reca, Escasany y Caputo– ofreció las mejores propuestas económicas por las centrales térmicas Barragán y López. Central Puerto ofreció 165 millones de dólares en efectivo por Brigadier López, ubicada en Santa Fe. Por la central Barragán, ubicada en las afueras de La Plata, Puerto ofertó una suma en cash de 279 millones de dólares, mientras que YPF ofreció 229 millones, según indicaron fuentes privadas que participaron de la licitación.
Aunque todavía falta evaluar los aspectos técnicos de la compulsa, más allá de lo económico, el resultado ratifica el vaticinio de los diputados denunciantes: que las “irregularidades” que el Gobierno llevó adelante con la ruptura de la licitación de 2010 y su posterior proceso de privatización “favorecieron” al grupo empresario familiar y al “amigo del alma” del Presidente.
