La negociación de las propuestas para definir las tarifas del gas a partir de octubre era una bomba a punto de estallar cuando Iguacel asumió el Ministerio de Energía. La devaluación del peso que pasó de 20,20 pesos desde el último cuadro tarifario a 29,80 de acuerdo al cierre de esta semana, sumado a la inflación mayorista que acumula un 30,3% y al sendero alcista del precio del gas de boca de pozo que había fijado Aranguren en 5,26 dólares el millón de BTU para la próxima revisión, hacían prever un aumento tarifario no menor al 60%.
Las distribuidoras alegan perdidas millonarias al tener que comprar el fluido a un tipo de cambio mucho mayor sin poder actualizar sus precios que justamente fueron establecidos en marzo, previo a la crisis cambiaria. «Además, al tener deuda en dólares para realizar nuestro plan de inversiones, nuestro pasivo se disparó», cuentan a este medio desde una de las firmas.
Esto quedó reflejado en el recientemente publicado balance de Metrogas, dónde la compañía manifestó pasar de tener una ganancia de 517,5 pesos en los primeros tres meses del 2017, a una pérdida de 401,3 millones para el mismo período del corriente año.
A raíz de ello, las distribuidoras le acercaron una propuesta al ministerio para no solamente no aumentar el precio del gas de boca de pozo de 4,68 dólares a 5,26; sino bajarlo casi un dólar para que quede en torno a los 3,8.
«Estamos en plena negociación, pero con seguridad el precio va a quedar fijado a la baja. Ahora tenemos un contexto más favorable porque hay más gas disponible y las productoras están entendiendo que a ellos también les conviene vender a un precio más bajo porque si no la gente no lo puede pagar», reveló una fuente del ministerio.
Desde la cartera de Iguacel, ven con buenos ojos la iniciativa, ya que al representar cerca del 30% del total de la factura, la baja del precio del gas es la única forma de amortiguar el alza de tarifas. De acuerdo a lo revelado por fuentes del sector, el precio final quedaría fijado en algo más de 4 dólares el millón de BTU, para no desatar la furia de las petroleras que realizaron grandes inversiones previendo recibir 5,26 dólares como les había prometido Aranguren.
Como contrapartida, el Gobierno exigiría a las distribuidoras no actualizar sus costos en base al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -tal como está establecido- sino por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La diferencia en el ingreso de las compañías no es menor, ya que el primero acumula una inflación del 30,3%, mientras que la del segundo alcanza el 16%.
«Habría que ponerse de acuerdo con ese número. El ministerio puede aplicar otro índice, pero el acordado fue por IPIM. La porción del costo de distribución en el total de la factura es sólo del 18%, por lo tanto la variación va a ser mínima para la gente», explican desde una de las firmas que opera en el AMBA.
Si bien las partes afirman que las negociaciones están avanzadas, no cuentan con mucho tiempo dado que el próximo miércoles tiene que estar lista la propuesta que se presentará en las audiencias públicas de septiembre –según publica La Política Online-.
Según Sergio Morales, Director del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI), «es evidente que hay un descalce entre el precio dolarizado que pagan las distribuidoras a las generadoras y el aumento de tarifas en pesos establecido en las primeras audiencias. Sin embargo, al transitar una situación económica sensible, es probable un acercamiento entre las mismas, más que una total traslación a precios a los consumidores que se ven afectados por el escenario macroeconómico actual».
