El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, dio marcha atrás con los planteos de ir por la vía de la reactivación de la economía y ratificó este lunes la opción del ajuste que encabeza el fortalecido ministro Dujovne: en septiembre levantará el precio tope del barril de petróleo y eliminará el subsidio a la producción de gas.
De esta forma, el Gobierno vuelve a girar 180 grados y luego de algunas dudas iniciales parece ratificar el rumbo establecido por el ex ministro Aranguren quien, en sus últimos días de gestión había sido forzado a flexibilizar el sendero de ajuste que había propuesto originariamente. A su renuncia, había frenado la quita de subsidios negociando dos acuerdos con el sector: el primero un techo escalonado de 66 dólares para el barril de crudo en junio, 67 en julio y 68 en agosto y un esquema de suba del precio de las naftas del 3% por mes hasta diciembre.
Cuando asumió Iguacel había trascendido que ahora el Gobierno iba a moderar los tarifazos y esta vez «el esfuerzo lo van a tener que hacer las empresas», según sostenían desde el equipo del flamante ministro. Pero tras la devaluación y el fuerte castigo de los mercados, el Gobierno parece haber tomado conciencia que tiene poco margen fiscal para absorber los costos de frenar los tarifazos ni margen internacional para romper contratos.
De hecho, este lunes los precios de los combustibles subieron entre un 5% y un 8% llevando la nafta súper a 27,88 pesos por litro y a 33,20, la premium de YPF; es decir incluso por arriba de lo acordado con las refinerías por Aranguren.
Tras el encuentro con Dujovne y el derrumbe de cerca del 20% de las energéticas en la bolsa una vez difundida la intención de Iguacel de renegociar los contratos para la generación y distribución, el flamante ministro resolvió seguir por el sendero de su antecesor. Así lo aseguró en una entrevista a Bloomberg en la que dejó atrás sus intenciones de renegociar contratos con las petroleras.
Una fuente del Gobierno había asegurado a La Política Online que la idea tras el cambio de titularidad de la cartera de Energía era renegociar los precios «Con toda la cadena valor» y que recién luego de una primera ronda de encuentros con productores de petróleo, refinerías y estacionaros, podrán comunicar el plan del Gobierno para el sector.
Bastó que Dujovne se reuniera con Gutiérrez, el presidente de YPF, y que el dólar saltara a casi 30 pesos para que la idea pasara a ser otra: «No habrá nuevos acuerdos», sostuvo el ministro. «Es un mercado libre y las compañías pueden fijar los precios de combustibles que consideren óptimos para su negocio. Y tampoco deberían esperar un precio interno del barril de petróleo más bajo», dijo en la entrevista, lo que contrasta fuertemente con el discurso del «esfuerzo patriótico de las empresas» que habían adelantado desde el Gobierno.
Importantes hombres de negocios del petróleo y la industria nacional consultados por este medio, aclararon que «según entienden», la continuidad del precio estímulo al gas de la resolución 46 (7,5 dólares por millón de BTU) seguiría porque el costo de perder producción local de gas excedería el de importar gas por barco, además de suponer una nueva necesidad de divisas que compliquen el abultado déficit comercial.
El ministro también adelantó que en un período de no más de 18 meses, Cammesa también quedará afuera del mercado de energía eléctrica y terminará de liberarse el mercado eléctrico entre generadores de electricidad, sus proveedores de gas y, aguas abajo, las distribuidoras y los consumidores de gran escala.
Así, lejos de evolucionar la política energética a un esquema más ameno para los consumidores en el corto plazo, Iguacel ya adelantó que en septiembre y octubre serán las siguientes revisiones integrales de tarifas en las que se ajustará el costo de generación de la energía, justo después de la liberación del precio del crudo en el mercado interno.
