La persona fue identificada como “Tonny” Ingram, de 75 años de edad y pasó a formar parte de la causa caratulada como “Abuso sexual”. La imputación aún no fue formalizada, pero el sujeto de marras nombró un abogado defensor. Se supo asimismo que los padres de la menor también tienen capacidades diferentes.
La nena de 13 años que fue encontrada junto un hombre en el interior de una camioneta del Ministerio de Educación, es hija de una pareja con capacidades diferentes, y está al cuidado de un familiar directo. El vocero del ministerio Público Fiscal, Alejandro Gallardo, confirmó que el denunciado fue identificado como Tonny Ingram de 75 años.
A raíz de averiguaciones realizadas por Diario Patagónico y confirmadas por ese vocero el hecho que tuvo como víctima a la nena de 13 años, cuyo grado de vulnerabilidad es altísimo por su condición mental, y ocurrió en la tarde del 2 de octubre. Al día siguiente las actuaciones fueron giradas a la Agencia de Delitos Sexuales del Ministerio Público Fiscal, que por estos días está a cargo de la doctora Adriana Ibáñez.
Desde entonces, la criatura está siendo contenida por los profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima de Delitos (SAVD) y el caso “fue caratulado como abuso sexual”, aunque no se descarta que esa calificación provisoria pueda mutar en los próximos días a otra figura delictiva de acuerdo al avance que se concrete en las investigaciones, aclaró Gallardo.
De todas maneras, de existir esos cambios, ocurrirán en base al análisis de las pruebas que sean colectadas por los investigadores y producto de los exámenes médicos y psicológicos a los que la víctima fue sometida en los últimos 10 días.
En otro orden de cosas, se confirmó que todavía no se formalizó la apertura de investigación preparatoria, por lo que la persona denunciada aún no está imputada. Sin embargo, Ingram ya designó una abogado particular para que lo asista.
Según los dichos de Gallardo en “el día de mañana se procederá a hacer la apertura de investigación”, audiencia en la cual se le imputa el delito a la persona ante la presencia de un juez y va a quedar establecido el plazo de investigación para la causa. El plazo estimado es de ocho meses, aunque una vez concluido ese periodo y según los datos arrojados por la investigación “se puede concluir con un juicio penal o no”, aclaró el vocero de la Fiscalía.
Un testigo que denunció el hecho
A través de él la policía tomó conocimiento del caso sobre un presunto abuso sexual de una niña de 13 años con capacidades mentales diferentes, el cual se estaba produciendo en las inmediaciones de un descampado ubicado entre Kilómetro 8 y Restinga Alí.
Según el relato del denunciante, la niña caminaba alrededor de las 6 de la tarde del 2 de octubre por las inmediaciones del barrio Don Bosco cuando se le puso a la par la camioneta que los vecinos identificaron que tenía el logo del Ministerio de Educación de Chubut.
La joven habría seguido caminando mientras desde la camioneta el conductor establecía una conversación con ella. Luego del diálogo, la menor de edad habría subido a la camioneta y ésta se marchó en dirección a un descampado.
Esa acción fue observada por un vecino al que le llamó la atención la maniobra de la camioneta y siguió el recorrido de la misma con la menor en el interior. Cuando el testigo observó que la camioneta se dirigió a una zona de descampado, inmediatamente se puso en contacto con la policía.
De esa manera, según confirmó el comisario Alejandro Pulley, un móvil policial de la seccional de Kilómetro 8 se dirigió al lugar y encontró a la camioneta sospechosamente estacionada en el descampado. El transporte escolar tenía las cortinas cerradas y no se observaba a nadie en el interior del habitáculo del conductor.
Entonces, la policía procedió a inspeccionar la parte trasera del vehículo y allí se encontró a la menor recostada en el último asiento y al conductor que también salía de la parte trasera.
Tras esa maniobra sospechosa se le dio intervención a la Comisaría de la Mujer, para que un especialista entrevistara a la niña y le realizaran los exámenes médicos pertinentes, aunque los mismos ya no retornaron a la dependencia dijo Pulley fueron cursados directamente a Fiscalía. También se le dio intervención a la Agencia de Delitos Sexuales del Ministerio Público Fiscal.
A todo esto y tras tomar estado público el caso, la ministra de Educación, Mirta Romero, estableció un contacto “inmediato” con la fiscal Adriana Ibáñez para informarse del hecho, destacó Gallardo.
