«Es el pedacito que cobra la Nación», explicó la secretaria legal y técnica en su exposición al Congreso. Aseguró que la ley de Cambiemos no servía para comprar más vacunas.
Según publica La Política Online la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra reconoció que el decreto que modificó la ley de vacunas para comprar la variante contra el Covid 19 del laboratorio Pfizer incluyó como garantías las regalías, pero aseguró que no se refiere a las que perciben las provincias por las explotaciones hidrocarburíferas.
«Hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso. Y es por si no responde el fondo de reparación que creamos, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado. ¡Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001!. No hay ningún bien provincial involucrado», aclaró Ibarra durante una exposición realizada ante la bicameral de trámite parlamentario, que debatió el decreto firmado el último viernes por el presidente. Cambiemos votó en contra y pidió traducirlo en un proyecto de ley.
El diputado de la UCR Gustavo Menna identificó que entre las modificaciones a la ley de vacunas está la eliminación de los «impuestos y/o regalías adeudadas» y «los derechos para recaudar impuestos y/o regalías» entre las excepciones a las cláusulas de indemnidad.
Y no hace diferencia entre la Nación y las provincias, que a partir de la reforma constitucional de 1994 cobran regalías por explotaciones hidrocarburíferas al tener «el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
Ibarra no identificó cuáles regalías son las nacionales que colocó como garantía ante un eventual incumplimiento contractual con los laboratorios, pero insistió en que «de ninguna manera» las provincias no perderán su porción de divisas.
«Creamos un fondo de reparación que es del Estado nacional y mal podría cobrarle a las provincias», se explicó.
El fondo de reaparición creado en el decreto funciona como un resguardo ante la indemnidad reclamada por Pfizer y tiene la función de asistir a una eventual demanda contra el laboratorio, que por tratarse de una producción en tiempo récord pide estos requisitos. Según el DNU se financiará con el 1.25% del valor de cada vacuna aplicada, pero ante una pregunta del diputado del PRO Pablo Tonelli Ibarra no supo señalar cómo se conseguirán esos fondos. Serían parte del presupuesto nacional. «Está pensado para dar una señal», minimizó.
En caso de no alcanzar los recursos pueden aplicarse las garantías, entre las que el decreto mantiene excluidos los bienes públicos, pero ya no a los privados y a las regalías, como en la ley. Sí incorpora entre las protecciones al fondo de garantías de sustentabilidad de Anses. «Eso demuestra que defendimos nuestra soberanía», se jactó Ibarra.
La funcionaria expuso junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien participó de las negociaciones con los laboratorios por la compra de vacunas. El decreto no corre riesgo, porque sólo puede eliminarse con el voto de las dos Cámaras del Congreso y la supremacía del oficialismo en el Senado garantiza su aplicación. El jefe de ese bloque José Mayans anticipó que se tratará la semana que viene.
