En la sede del Superior Tribunal de Justicia, quedo homologado el acuerdo extrajudicial entre el gobierno provincial representado por la Fiscalía de Estado y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Corresponsal en Rawson. En la sala de audiencias del máximo tribunal de la provincia y en medio de un paro y protesta de empleados judiciales que se oponían a la realización de este acuerdo quedó firmado por las partes el acuerdo.
“Me dijeron gorila y es el peor insulto que me pueden decir”, admitió el Fiscal de Estado, Blas Mesa Evans quien fue increpado por los empleados cuando ingresó a la sede del Superior para la audiencia.
El acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Asociación de Magistrado fue homologado por la Sala Civil “ad hoc” integrada por los conjueces Fabián Gabalachi, Rafael Saliva y Guillermo Hughes que participó desde Sarmiento a través del sistema de video conferencias. Con este acuerdo los jueces y funcionarios judiciales de la provincia recibirán una recomposición salarial del 40% que será efectiva en cuatro tramos semestrales del 10% cada uno a partir del próximo mes de julio.
En la audiencia estuvieron presentes los dirigentes de la Asociación de magistrados representado por su presidente, Jorge Criado quien destacó que por este acuerdo haya tenido la aprobación de la mayoría de sus asociados en una asamblea que se realizó recientemente en la ciudad de Esquel. Criado resaltó que el primer tramo del 10% de incremento se percibirá el 20 de julio y alcanzará a todos los funcionarios y magistrados de Chubut que suman las 560 personas.
“Me llamaron gorila”
Una vez terminado el acto, el Fiscal de Estado Blas Mesa Evans indicó que un empleado judicial lo llamó “gorila” y dijo que “es el peor de los insultos y lo voy a arreglar personalmente con él”. Indicó que los empleados judiciales que tienen derecho de hacer sus reclamos en la reunión con el STJ seguramente llegarán a un acuerdo”.
Blas Mesa Evans no duda que los empleados judiciales tiene un muy buen sueldo, y que están por encima de la media patagónica, “pero en este caso, nosotros debíamos resolver un problema que era propio de la provincia por una demanda judicial con dos sentencias a favor de los magistrados y funcionarios judiciales y pudimos poner fin a este conflicto, ahora debe ser el STJ que acuerde con ellos la política salarial independientemente de este juicio”.
El dinero sale del Ejecutivo
Explicó que el acuerdo empieza a ser efectivo a partir del mes de julio con un reajuste periódico del 10% en diciembre de este año y julio y diciembre del próximo, “se han elegido conjueces porque no pueden estar los jueces de la Sala Civil y el importe que debe hacer frente la provincia representa unos 6 millones de pesos mensuales que será pagado como el cumplimiento de una sentencia cuyo dinero saldrá del Poder Ejecutivo de una cuenta especial para estos casos”.
