Cada día cuando nos despertamos, a los comodorenses ya nos sacaron 10, 20 u 80 millones de pesos que no sabemos en qué se utilizan, declaró la candidata a concejal de Juntos por el Cambio en el marco de la presentación de un documento que observa el manejo del presupuesto de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el destino de los recursos asignados a través de una ampliación aprobada recientemente por el Concejo Deliberante.
La última etapa presupuestaria, por más de 460 millones de pesos, no es la única realizada en este año y es coincidente con el último tramo de campaña electoral. Es una polémica reiterada que primero se planteó durante la campaña de Carlos Linares a la gobernación y ahora con la apuesta de Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili a la intendencia de Comodoro.
“Las obras siempre son bienvenidas, porque le falta mucho a Comodoro sobre todo después de la catástrofe climática, pero lo que molesta a la mayoría de los vecinos es el uso discrecional de los fondos con fines electorales”, plantea el informe elaborado por el equipo técnico de Juntos por el Cambio.
No hay rendición de cuentas, eso es impunidad o corrupción justificada mediante partidas destinadas a obras varias de infraestructura; transferencias a instituciones por sumas millonarias o a entidades que carecen de personería jurídica, son unipersonales o de reciente constitución.
No es la primera vez que se pone en tela de juicio la forma en que se administra la gestión de Linares y Luque, a pesar que intentan demostrar hacia la sociedad al “municipio mejor administrado del país”, como se cansan de repetir y además lo confirmó el actual intendente en la última semana.
El municipio cuenta con ingresos extras producto de las regalías petroleras, de la Ley de Hidrocarburos sumado a que la cotización del dólar genera una solvencia económica no reflejada en la gestión pública.
“Muchas veces Linares, pero sobretodo el vice intendente Juan Pablo Luque felicitaron públicamente a la figura del Secretario de Hacienda, Germán Issa Pfister, como el artífice de una forma ordenada y austera de administración”, explica Digna Hernando desde este sector de la oposición.
“Bajo ese pretendido, por repetido, prestigio técnico se denota la voluntad de ocultar el destino específico de las partidas presupuestarias para luego ser manejadas discrecionalmente; la planificación de un superávit del presupuesto de manera que luego se amplía en los momentos más convenientes desde el punto de vista electoral. Y compensando de manera permanente partidas presupuestarias que hacen bastante difícil el control de la ejecución presupuestaria”.
Paralelamente a la imagen positiva que ostentan, Luque e Issa Pfister, provenientes de la dirigencia deportiva y surgidos en la política a partir de la gestión Di Pierro primero y posteriormente de Carlos Linares, deberán someterse a la voluntad del electorado el próximo domingo.
Facturas por cobrar
La figura de Juan Pablo Luque adquirió notoriedad sobre el final de la gestión de Néstor Di Pierro por la causa de las escuchas telefónicas, que lo involucraban en el tráfico de influencias. Del mismo modo se conocieron declaraciones públicas por la denuncia penal que formuló el funcionario del gobierno nacional, Fernando Álvarez De Celis respecto al intento de cobro de facturas de servicios realizados durante el temporal del año 2017. En particular, la Justicia investiga una factura por algo más de 23 millones de pesos en conceptos de trabajos realizados por una empresa, que nunca se habrían efectivizado.
El viceintendente y actual candidato a la intendencia gestionó este pago por parte del Gobierno Nacional y pese a negar la existencia de la factura, la misma fue presentada a través de distintos medios y vías de comunicación. “Esperamos que esto se pueda esclarecer cuanto antes porque éstas prácticas se dieron durante el peor momento que nos tocó vivir a los comodorenses. El responsable político del Comité de Emergencia era Juan Pablo Luque, el del manejo de los fondos municipales, Germán Issa Pfister.
Si no tuvieron nada que ver en las causa que relacionan de lleno a sus ex compañeros de gabinete o a los actuales integrantes del mismo, al menos, hay una manifiesta incapacidad para conducir los destinos públicos, porque lo que se está investigando sucedió ante sus narices”, concluye el documento.
