El abogado, que formara parte del cuerpo de juristas que presentó un amparo en 2007 cuestionando la legitimidad de la concesión del área petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge, manifestó su óptica acerca del conflicto por el acuerdo contractual firmado por PAE y la provincia, el cual le parece “nulo de absoluta nulidad”, ya que estimó que provoca un vaciamiento del recurso con escasa participación del Estado.
Sobre el caso en particular, expresó haber escuchado voces a favor y en contra de revisar lo firmado. El Dr. Raúl Heredia aseguró que el objeto de la revisión sólo alcanza a ver si se cumplió o no lo que se contrató. “En realidad nosotros planteamos en su momento la ilegitimidad y nulidad del contrato. Para nosotros es nulo y eso es lo primero que debería examinar la Legislatura”, esgrimió.
Señaló que los mismos diputados provinciales chubutenses aprobaron con sólo tres votos en contra esto, pero que de igual manera hoy se puede tener potestad para revisar lo que se ha hecho en otro período legislativo en cuanto no se puede convalidar la violación a la Constitución, que es de orden público.
“En realidad son 30 años, no 20. Hay una cláusula que habla de que Petrominera luego podría intervenir en una extensión de 10 años más que llevarían hasta 2047. Ya de por sí es escandaloso que un contrato que vencía en 2017 se prorrogue 10 años antes de su vencimiento”, analizó Heredia en diálogo con el programa “Tarde en la Radio”, que se emite por Radiocracia.
Recordó que ese contrato se hizo en el marco de la ley de facto de Onganía, la Nº 17.319 que preveía una serie de condiciones y obligaciones para la empresa que “deberían ser examinadas al final de la concesión -en el 2017- viendo si la empresa cumplió o no lo impuesto y recién entonces examinar si se podía renegociar el contrato”.
Heredia afirmó que este problema nace con la reforma de 1994 en que la Constitución da el dominio de los recursos a las provincias, que se quedan con eso, pero no con el aprovechamiento económico sino que la mayor parte se la lleva el Estado Nacional que concentra los recursos. “Luego salieron las leyes que dictó el Congreso y es lo que permite por ejemplo a (José Luis, el gobernador) Gioja hacer cualquier cosa con la minería en San Juan, a Catamarca, Río Negro, o Chubut mismo con un yacimiento con destinación nacional y que es interjurisdiccional porque también pertenece a Santa Cruz”, sostuvo.
Un contrato poco claro
“El más rico yacimiento hidrocarburífero de la Argentina, que es de todos los argentinos, se negoció aquí entre gallos y medianoche sin dictamen técnico previo, con un expediente de apuro cuando promovimos el amparo, y lo tuvieron que defoliar para simular una acción administrativa previa, pero el fiscal de Estado dejó constancia de que lo había recibido 24 horas antes, que no opinaba sobre lo técnico y no objetaba lo legal”, describió Heredia.
Sostuvo que fue una negociación improvisada, sin experiencia por parte de quienes lo negociaron desde la provincia frente a hombres con enorme experiencia con más de 50 años en el país explotando petróleo. “Esto no debe revisarse en las cláusulas y demás, sino empezar por el origen, porque la Constitución Provincial exige que esto sea hecho de modo público, sin direccionarlo a una empresa determinada. Debió haber una licitación internacional inclusive y eso no se hizo, y la Constitución lo declara nulo absolutamente a eso. Esto no es una concesión, porque se hace hasta el agotamiento del recurso. Es en realidad una enajenación del recurso”.
Del rechazo al amparo de 2007, Heredia sostiene que no se ha hecho porque las sentencias no tienen fundamentos de orden constitucional y en su momento no se llegó a ir a la Corte Suprema, algo que han pensado para ahorrar camino. “La Legislatura tiene competencia para revisar esto, pero debe revisar todo: el origen, la venta de BP sin intervención chubutense, vimos pasar un negocio”, analizó.
“Aunque no se compartiese la visión del amparo, lo mismo desde el punto de vista económico, esto es un escándalo. Los estados petroleros reclaman no menos del 40 por ciento de la renta petrolera. Acá nos han dado un 12% histórico más un 3% que son en realidad espejitos de colores y después lo hacen bajo declaración jurada, sin ningún tipo de control”, indicó.
Antecedentes y responsabilidades
El letrado señaló que hay dos antecedentes jurisprudenciales en el caso: la anulación de los contratos petroleros en el gobierno de Illia, y la anulación que hizo el propio Das Neves hace poco tiempo. “Son dos ejemplos claros de que se puede hacer”, indicó, recordando que fue una de las pocas voces que le dijo al gobernador que algún día iba a perder el poder. Agregó que “los jueces son débiles cuando el poder político es muy fuerte, pero después se animan a revisar actos. Lamentablemente es así, el derecho va atrás de la política”.
Consideró cuando presentaron el amparo sus voces fueron pocas, débiles, casi aisladas y que tienen la lista de nombres de personas que promovieron, asintieron, aplaudieron y aprobaron este convenio. “De esto ha quedado constancia indeleble en la memoria histórica por siempre. Ahora hay más voces otro espacio y ámbito de poder en Chubut donde se animarán a hacer lo que antes no se animaron. Esta es la dirección y hay que avanzar”, expresó.
Por último en cuanto a las responsabilidades judiciales, dijo que todos quienes han estado vinculados a esto, tienen una responsabilidad histórica, política y doctrinaria. “Para los peronistas y radicales esto significó traicionar el ideario de Juan Perón, Mosconi, Yirigoyen y el de la Constitución Nacional de 1949. Desde lo judicial creo que se puede avanzar, pero las responsabilidades tal vez más graves son las morales y las políticas, las históricas, que quedarán para siempre”, concluyó.
