El senador nacional pidió al Gobierno la urgente revisión de la Resolución 514/09 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación, denunciando que la reglamentación del Ejecutivo desvirtuó la Ley que prohíbe la pesca ilegal en las islas.
A través de un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, el senador Marcelo Guinle reclamó al Ejecutivo Nacional para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos “instrumente la urgente modificación o derogación” de la Resolución 514/09, que reglamenta la presentación de la declaración jurada prevista en la Ley Federal de Pesca ya que la misma “alteró el espíritu y la letra de la norma, vulnerando los principios de Soberanía de la República Argentina y actuando en claro exceso de las facultades reglamentarias”.
La presentación del legislador chubutense refiere a la Ley 26.386, sancionada en 2008 a fin de regular la actividad en el ámbito de la Plataforma Continental Argentina y poner fin a la actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del usurpador Reino Unido, en dominios de soberanía argentina.
“La intención del legislador ha sido controlar las empresas asentadas en nuestro territorio que incurran en tal irregularidad, avasallando la soberanía nacional”, señaló Guinle.
“Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del artículo 27 bis a la Ley 24.922, y las sanciones en los artículos 28 y 51”, agregó. Dichas modificaciones, que receptan resoluciones previas del Consejo Federal Pesquero, establecen los tipos de relaciones sobre las cuales, los titulares de un permiso de pesca deben manifestar, en forma obligatoria y con carácter de declaración jurada, su situación jurídica.
Respetar la letra y espíritu de la ley
La norma impone como “requisito para la obtención de permisos el no tener relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”.
“Sin embargo, y a pesar de los antecedentes, verificamos que la Resolución Nº 514/2009, se aparta groseramente de la letra y el espíritu del citado requisito, con grave lesión a los intereses nacionales, al limitar tal restricción expresa y abarcativa, incorporando el concepto de ‘relación directa’, lo que abre la puerta a triangulaciones de grupos empresarios”, denunció Guinle.
“Tal limitación no fue prevista ni por los antecedentes previos del Consejo Federal pesquero, ni por el espíritu de los legisladores a la hora de sancionar la norma”, remarcó.
“Por el contrario, tal como señalé oportunamente en el momento de la sanción de la norma, estas medidas aparecen a partir de un espíritu necesario, congruente, que tiene que ver con la defensa del interés nacional, para evitar que quien lucra en una actividad perjudicando los intereses soberanos de la Argentina sea, obviamente, sancionado con el mayor rigor de la ley y evitar, así, una depredación de los recursos naturales que son propiedad de todos los argentinos”, finalizó el legislador.
En virtud de la trascendencia del tema y la urgencia de que el Congreso se expida sobre una materia en la que no deben quedar dudas sobre la voluntad del legislador que hace a la interpretación auténtica de la ley, el Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Juan Mario Pais, presentó en simultáneo un proyecto de igual tenor y efecto del de Guinle con el fin de lograr que rápidamente se deje sin efecto “esta regulación que viola el espíritu de la Ley sancionada”.
