Los vaticinios fallidos de Ginés González García se habían convertido en un rasgo casi folclórico de la gestión pandémica de un gobierno desbordado por la emergencia y urgido por conseguir un bien escasísimo en el mundo. Pero su tiempo se agotó de manera fulminante horas después de que el periodista Horacio Verbitsky contó en público que había logrado vacunarse por una gentileza del propio ministro.
Nota de Opinión de La Nación
La revelación significó un misil para la credibilidad de González García y ensombreció el plan de vacunación que el presidente Alberto Fernández considera la prioridad número 1 del año. La existencia de una sala VIP en el propio Ministerio de Salud para vacunar a amigos del poder expone al Gobierno ante una sociedad que llora a diario 200 muertes y tiene a miles de personas en riesgo de vida que hacen colapsar los sitios web de inscripción con la esperanza de alcanzar el soñado antídoto.
El desparpajo de la vacunación acomodaticia había salido a la luz esta semana con el escándalo en Santa Cruz por el caso del diputado kirchnerista Juan Benedicto Vázquez y el intendente Federico Bodlovic (de Piedra Buena). Abundan desde hace tiempo las sospechas de que los frasquitos de la Sputnik V se reparten inescrupulosamente como ofrendas del poder («por debajo de la mesa», como había denunciado en primera persona Beatriz Sarlo), por fuera de los criterios epidemiológicos establecidos por el propio Ministerio de Salud que condujo González García. Apenas Verbitsky expuso a su «amigo» Ginés, empezaron a aparecer más nombres de privilegiados: sindicalistas, ministros, dirigentes sociales, legisladores.
Alberto Fernández, poco propenso a los cambios drásticos, se saltó sus protocolos ante la magnitud del papelón en curso. Ginés quedó a merced de los buitres: el control de daños apuntó a cederle la exclusividad de la culpa. Todos los ventajistas de la vacuna lo señalaban a coro. La misma militancia que le cantaba en los actos «¡Ministerio, Salud es Ministerio!» repudiaba su traspié moral, con el hacha siempre afilada para acometer árboles caídos. Era la hora propicia para poner sobre la mesa facturas acumuladas en la interna del poder.
Son cientos los políticos y militantes que se adelantaron en la cola, en momentos en que solo el personal de salud y en algunos distritos los mayores de 70 años cumplen con los requisitos para anotarse.
No somos únicos. España vivió un escándalo a principios de año cuando se conoció que el jefe del Ejército, Miguel Angel Villarroya, se había saltado los protocolos para recibir prioritariamente la primera dosis de Pfizer. Perdió su cargo de manera fulminante. Perú atraviesa una crisis política inmensa por el llamado «vacunagate», la revelación de que casi 500 personas -entre familiares y amigos de funcionarios, ministros y otros políticos peruanos- tuvo acceso privilegiado y secreto a la fórmula de Sinopharm a fines de 2020 (cuando estaba en fase experimental). Ya renunciaron la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la canciller Elizabeth Astete. El gobierno interino de Francisco Sagasti se tambalea.
A Ginés García le toca irse de la peor manera. El Gobierno, después del relevo tumultuoso, debe dar aún explicaciones convincentes sobre el festival de vacunados VIP. Ya no se trata de acertar un pronóstico sino de dar una señal ética que evite daños peores al plan para superar la pandemia. Se lo debe, para empezar, a los 7,3 millones de argentinos mayores de 60 años, por ende en riesgo de muerte permanente, que esperan con angustia la inyección que les devuelva algo de normalidad, después de un año de saludar de lejos a sus hijos y sus nietos, de trabajar a distancia, de convivir con el miedo.
