El miércoles último se desarrolló la audiencia de conciliación entre la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia y el Gobierno del Chubut. La misma fue convocada por el Juzgado de Familia Nº 3, y no concurrió ningún representante del ministerio de Educación, a cargo de Florencia Perata.
La audiencia se celebró en el marco del reclamo judicial iniciado e impulsado por la Oficina de Derechos y Garantías en septiembre de 2019 para que se garantice el Derecho a la Educación en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, indicó CSP.
Se puso de manifiesto cómo la situación de pandemia y la consecuente suspensión de actividades presenciales acentuaron las desigualdades en el acceso a la educación entre los niños, niñas y adolescentes.
Una vez más el ministerio de Educación no se presentó y “es la segunda audiencia en la que está ausente, pese a haber sido convocado por el Juzgado. La intención de esta ODG es propositiva y dialógica”, indicaron desde la ODG.
La oficina presentó una propuesta abierta con la intención de ser discutida, pero “no había interlocutor para hacerlo, pues no nos encontramos con los actores pertinentes y que tengan capacidad en la toma de decisiones. El Gobierno mandó a un representante de la Fiscalía de Estado y a un referente de Obras Públicas”.
Días atrás la ODG se había reunido con el director de Obras Públicas de Comodoro Rivadavia, quien había presentado un informe detallado con el estado de situación actualizado de obras escolares ejecutadas, pendientes y en ejecución.
Se debe recordar que el reclamo judicial consta de una serie de líneas que exceden el mantenimiento de edificios: “garantizar la educación comprende sostener partidas de funcionamiento, pagar salarios en tiempo y forma, brindar recursos para que los alumnos puedan seguir recibiendo educación aún en este contexto, entre otros aspectos”.
Entonces “nos hallamos sentados sin el interlocutor válido para hablar de restituir el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes de Chubut, que hace por lo menos tres años no completan un ciclo lectivo con normalidad”.
Por lo tanto, “consideramos una burla la actitud del Gobierno Provincial. Y cuando decimos burla no se trata de la Oficina de Derechos y Garantías, se trata de cómo consideran a la educación pública, que por otro lado hoy perdió su carácter de gratuita”, cuestionaron desde la ODG.
