A partir de la ocupación de establecimientos educativos ubicados en la zona sur y del edificio de Supervisión de escuelas ubicado en Km3, se produjo la intervención del Ministerio Publico Fiscal, motivada por denuncias penales o por actuación de oficio.
A partir de allí y a tenor de las características del conflicto, que involucraba básicamente a distintos sectores de la denominada comunidad educativa (padres, docentes y alumnos), se implementaron mecanismos de intervención destinados a obtener el cese de estas medidas.
Así intervino la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos con la que cuenta el Ministerio Publico Fiscal, cuyos profesionales tomaron contacto directo con las distintas partes involucradas, manteniendo reuniones sistemáticas y propiciando soluciones y acuerdos intermedios que finalmente epilogaron en la desocupación voluntaria de dichos establecimientos.
Debe resaltarse, que en este camino, desde el Ministerio Publico Fiscal se propició además la intervención del Área de Mediación dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, organismo desde el cual se dispusieron en forma inmediata los recursos profesionales necesarios, desarrollándose a partir de allí una tarea coordinada y de eficaz complemento con el Ministerio Publico Fiscal.
Como corolario, han finalizado con éxito estas intervenciones, en tanto en fecha reciente se produjo la desocupación de todos los edificios públicos escolares por parte de quienes allí se encontraban, en general, alumnos de los establecimientos.
La justicia Penal de la provincia de Chubut, a través de sus normas procedimentales cuenta ya desde hace más de una década con herramientas que le permiten abordar la solución de los conflictos a través medios alternativos. Ello en el marco de la premisa general que establece el Código Procesal Penal en cuanto que los operadores judiciales deben tender precisamente a la solución de los conflictos que son sometidos a su conocimiento. Es esa una finalidad esencial del derecho penal, en tanto factor de equilibrio de las relaciones sociales.
En otros términos y como corolario puede expresarse que la acción del Ministerio Publico Fiscal, no es unidireccional ni enfocada exclusivamente a la búsqueda de la aplicación de una pena. En el tratamiento de los conflictos que constituyen delitos y como ha ocurrido en estos casos resultan eficaces y de necesaria instrumentación mecanismos alternativos tales como la conciliación penal.
