Se trata de Carlos Donoso Castex, fiscal en lo Criminal y Correccional, quien ve “con preocupación que la Cámara de Casación recomienda que se extremen los recaudos para liberar delincuentes y no piense en las víctimas». “Tengo derecho a expresarme”, dijo también, en réplica al pedido de explicaciones que le llegó desde la justicia.
El motín de los presos del penal de Villa Devoto, exigiendo que la justicia resuelva con celeridad los pedidos de excarcelaciones y el otorgamiento de prisiones domiciliarias en medio de la pandemia, llevó a que un fiscal de la nación convocara para este sábado a las 17 horas a un cacelorazo en repudio a la liberación masiva de presos con la excusa del coronavirus.
Se trata del fiscal en lo Criminal y Correccional, Carlos Donoso Castex, quien este viernes publicó un crítico comentario en su Facebook hacia las medidas recomendadas por la Cámara de Casación, en favor de los delincuentes.
“Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos”, escribió.
Esta iniciativa hizo que, horas más tarde, le llegara un pedido de explicaciones por parte de la justicia. “¿Dónde está la libertad de expresión? Me pareció muy preocupante lo que pasó. Obviamente, voy a dar las explicaciones que me solicitan aunque considero que no corresponde porque son opiniones personales. Por ser fiscal no tengo ley mordaza. Tengo 27 años como fiscal, no soy un improvisado. Tengo derecho a expresarme”, señaló al ser entrevistado en Radio Mitre.
Donoso Castex recordó que, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno, la gente no puede salir a expresarse a la calle por lo que le pareció atinado convocar a golpear cacerolas desde las ventanas y los balcones de las casas. “Está todo el mundo encerrado entre cuatro paredes”, dijo.
En su posteo del viernes, había remarcado que ve «con indignación como un grupo de jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal recomienda a través de la Acordada 5/2020 que se extremen los recaudos para liberar a los delincuentes que se encuentran presos por decisiones judiciales, y a su vez éstos realizan motines pidiendo salir en libertad aprovechando la actual situación de la pandemia”. Y continuó: “Me preocupan los jueces que sólo piensan en los delincuentes y no en las víctimas de esos delitos ni en la sociedad en general”.
Para el fiscal, el Gobierno debería analizar detenidamente si los presos conforman los grupos de riesgo, como sí lo son los adultos mayores. Según su punto de vista, no sólo los presos corren riesgo de contraer el COVID-19. “Estamos todos en la misma situación, incluso los médicos que son los que toman más recaudos”, señaló.
Su malestar se origina en el hecho de que en ningún momento se tuvo en cuenta a las víctimas para liberar a los 1300 presos en los últimos días. En ese sentido, cargó contra los informes elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que alerta sobre la situación crítica de sobrepoblación en las cárceles.
“Cuando salió la Acordada de Casación, todos esos presos ya estaban liberados. Casación se expresó tras el pedido del CELS”, aseguró el fiscal, quien recordó que los presos amenazaron a sus víctimas y organizaron motines luego de que el gobierno permitiera el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles.
“Estas circunstancias deben tomarse con mucho cuidado. Las prisiones domiciliarias no pueden ser otorgadas a cualquiera y la pulsera electrónica no garantiza la integridad de la víctima. No hay pulseras, no existen. Tampoco podemos afectar a policías a controlar a los presos cuando tienen que estar abocados a la pandemia”, enfatizó.
Y se preguntó: “¿Cuál es la idea? ¿Liberamos delincuentes peligrosos sin pulsera para que circulen por las calles poniendo en riesgo a las víctimas? No es algo hipotético, ya lo vimos con las amenazas que ocurrieron”.
Este sábado, el personal de Ministerio de Justicia hará un recorrido por las instalaciones del Penal de Devoto para constatar los daños y tratar los temas que los presos reclamaron en este motín.
Entre ellos, figuran la implementación de acordadas dictadas por la Cámara Federal de Casación y la Cámara Nacional de Casación; la ley de cupo; compensaciones y conmutaciones de penas; extranjeros con domicilio en la República Argentina; informes médicos realizados por forenses; tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos para el cumplimiento de la pena, “principalmente de los grupos de riesgo y cercanos al cumplimiento de la pena”. Este último punto es esencialmente el que desata la actitud violenta de los privados de la libertad y que llevó al motín de este viernes.
La noticia del contagio de un penitenciario, confirmada por autoridades del Servicio Penitenciario y que derivó en el aislamiento de detenidos, les sirvió de excusa para llevar adelante acciones extremas, en medio de una ola judicial de pedidos de excarcelación.
Las protestas durante las últimas semanas fueron más leves, con ruidos y mensajes por WhatsApp. Pero este viernes los presos subieron un peldaño en la escalada. Fue tras un motín en la Unidad N°23 de Florencio Varela, donde murió un interno de un tiro.
Fuente: Infobae.
