Lo indicó el diputado nacional Gustavo Menna, que este jueves participó de la conferencia de prensa en la cual legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio rechazaron la ratificación de 116 DNU. También lo planteó en el encuentro de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
El diputado nacional Gustavo Menna dijo que el Gobierno Nacional, a través del presidente Alberto Fernández, “se la ha pasado gobernando por decreto”, y advirtió que “acaba de recibir un mensaje contundente en las urnas”, con la derrota del oficialismo en las elecciones del domingo, pese a lo cual “quiere seguir por el mismo camino”.
Menna participó este jueves de la conferencia de prensa que dieron senadores y diputados de Juntos por el Cambio en la que rechazaron la ratificación de 116 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), emitidos por el Gobierno, por parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Allí planteó que “ha habido una hiperconcentración de poder que ha pasado todos los límites”.
“Esto ha dado lugar, además, a abusos que se dieron durante la cuarentena por la pandemia”, añadió, y puso como ejemplo los decretos que “cerraron las escuelas, los que detuvieron a personas que necesitaban hacer una changa porque quedaron sin trabajo y tenían que ganarse el sustento”.
“Alberto Fernández lleva dictados 170 decretos de contenido legislativo: 117 DNU, 46 decretos de legislación delegada y 7 de promulgación parcial, que son las tres variantes por las cuales el Poder Ejecutivo legisla en envase de decreto”, precisó Menna durante la reunión de la Comisión Bicameral.
Triste récord
Así, agregó, “si tomamos solo los DNU, Fernández ha dictado casi 60 por año. Y si tomamos todo el paquete, son 86 por año. Se lleva este Gobierno el triste récord de ser el que más ha arrebatado atribuciones del Congreso”.
“Y piensa seguir gobernando por DNU, pese al mensaje de las urnas, pese a que se trata un Gobierno fracasado que se llevó un rotundo rechazo en las elecciones, que perdió por más de 10 puntos y que en dos años pasó de ser respaldado por más del 48% del electorado a recibir adhesiones de solo el 32%”, enfatizó.
Recordó que el miércoles, mientras la Comisión de Presupuesto y Hacienda trataba el proyecto de prórroga de la ley 26.160, de propiedad comunitaria indígena, el presidente de esa comisión, Carlos Heller, del Frente de Todos, anunció que se iba a prorrogar por DNU.
“No hay prueba más evidente de que no hay motivos para abordar la cuestión por decreto, que no existe ninguna imposibilidad de seguir el trámite ordinario que prevé la Constitución para sancionar una ley, que el hecho de estar tratando esa misma ley en comisión”, argumentó.
“Es una burla y una afrenta a la Constitución, al Congreso y a la sociedad, que ha ratificado que quiere vivir en un Estado de Derecho que, entre otras cosas, supone división de poderes y la imposibilidad de que se legisle desde el Poder Ejecutivo”, explicó.
Especificó que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución “arranca diciendo que en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable puede el Presidente emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Y añadió que “dice la norma que en casos excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes, tolera que el Ejecutivo emita este tipo de decretos”.
Así, “no se trata de una atribución ordinaria sino de un permiso pensado para situaciones excepcionales y cuando existe una imposibilidad también excepcional para que el Congreso trate un proyecto de ley”, dijo.
Pasar por arriba del Congreso
“Han convertido en norma pasar por arriba del Congreso. Desprecian la división de poderes”, sostuvo, y mencionó: “No les alcanzó con haber hecho aprobar, a poco de asumir, la Ley 27.541, de las 9 emergencias, que además del congelamiento de la fórmula de los jubilados y la creación del impuesto al dólar, implicó una delegación nunca vista de atribuciones del Congreso a favor del Presidente”.
“Esta concentración de poder en el Presidente ha generado consecuencias nefastas para la institucionalidad, para la economía, para las relaciones del trabajo, para las libertades públicas e individuales, para el valor del dólar, para la seguridad jurídica, para la educación con el cierre de escuelas. Para todo”, dijo.
Consideró además que “desde la recuperación democrática en 1983 no ha existido semejante avance sobre las libertades de todo orden que la operada durante este gobierno y, especialmente durante la cuarentena, dispuesta también por decreto”.
Recordó que “por DNU nos encerraron, prohibieron circular, establecieron verdaderas fronteras interprovinciales, dieron lugar a más de 50.000 causas penales por pretendida violación del artículo 205 del Código Penal, mientras los que firmaban los DNU hacían fiestas en Olivos, cerraron escuelas, prohibieron trabajar, destruyeron la economía”.
“Y lo peor -concluyo-, dieron lugar a una violencia institucional pocas veces vista en democracia”.
