El Presidente aseguró que es un tema que preocupa y cuestionó la administración económica de la Corte Suprema. También apuntó contra la oposición por el debate de jubilaciones de privilegio.
A pocas horas del escándalo en la Cámara de Diputados durante el debate del cambio en las jubilaciones de privilegio, el presidente Alberto Ángel Fernández confirmó este viernes el envío al Congreso de otro proyecto que hará ruido, tanto en el Poder Judicial como en la relación con la oposición: la reforma de la Justicia Federal.
“Estamos trabajando el tema, que nos preocupa y busca lo mismo, que esto funcione mejor. Yo sé de lo que estoy hablando, porque soy abogado y enseño Derecho. La Justicia necesita una revisión. Llegamos a un punto en el que las cosas no están funcionando bien. La Justicia, en términos económicos, se aleja del resto de la Argentina», aseguró.
El mandatario explicó que el proyecto, que llegará al Parlamento la semana próxima, «básicamente trata de poner en orden y funcionamiento a la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia federal».
Es empezar a ordenar eso, ver qué hacemos con los tribunales ordinarios y la Ciudad, porque hay que traspasarles ciertas jurisdicciones a la Ciudad y estamos demorados, entre otras cosas», añadió durante una entrevista con Radio 10.
Así lo hará al anunciar esta reforma en la apertura del año legislativo, que será este domingo -desde las 12 horas- ante la Asamblea Legislativa, esto es, la suma del cuerpo de Diputados como del Senado de la Nación, que conduce Cristina Fernández de Kirchner.
Siempre, y este viernes también lo hizo, resaltó que conoce el tema de la Justicia «como nadie» («soy hijo de un juez»), y que lo que busca es mejorar la administración del Poder Judicial. «Yo quiero jueces independientes, probos, dignos. Creo que la inmensa mayoría son así y unos pocos han mancillado la imagen de todos, por eso soy tan cuidadoso», subrayó.
¿De que se trata la reforma judicial de Alberto Fernández? La movida apunta fundamentalmente contra el poder y status quo de Comodoro Py -como se denomina al grupo de jueces y fiscales que mandan en los tribunales federales y se encargan de las causas de corrupción- y, como ya había anticipado Clarín en diciembre, el Gobierno pretende impulsar el sistema acusatorio, esto es apurar la implementación del sistema procesal penal. Se sumarían más jueces para licuar el poder de los actuales y se pasaría todo el poder de la instrucción a los fiscales, poniendo en marcha un plan que les destine más recursos y que mueva empleados o dotaciones lo que podría generar complicaciones.
