En otro durísimo revés en los tribunales de Estados Unidos, la jueza Loretta Preska dictaminó que el país deberá afrontar el peor escenario posible y pagar una cifra que podría quedar cerca de los US$16.000 millones por la estatización de YPF, que se llevó a cabo en 2012, durante el último mandato de Cristina Kirchner, y estuvo liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y fue aprobada por el Congreso.
Preska definió en una sentencia los parámetros que deberá seguir la determinación de la indemnización que deberá pagarle el país al fondo Burford Capital, una orden que colocó a la Argentina ante el peor escenario posible: la jueza rechazó los argumentos presentados por los abogados del país y emitió un dictamen favorable a los argumentos presentados por los letrados de los demandantes. El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. En su decisión, la jueza Preska le dedicó un párrafo especial a Kicillof.
“Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, indicó la magistrada en su sentencia.
Preska no incluyó una cifra concreta en su decisión, sino que ordenó a las partes “que presenten una propuesta de sentencia consistente” con los lineamientos establecidos en su dictamen. En el escenario más optimista, la Argentina podía terminar pagando un piso de casi US$5000 millones. En el peor de los casos, el monto podía llegar a los US$16.050 millones. En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos clave: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar –que fue fijada en un 8%– y la fórmula para calcular el monto de la indemnización. Esos parámetros dejan el monto final de la indemnización cerca del techo, es decir, en alrededor de US$16.000 millones, según estimaciones.
La Argentina apelará la decisión en un último intento por reforzar su posición para sentarse a negociar la cifra final de la indemnización con Burford Capital, pero la posibilidad de que prospere son efímeras: es poco habitual que un fallo emitido por un tribunal federal de primera instancia sea luego revertido por un tribunal de apelación.
La orden de Preska le asestó otro golpe durísimo a la Argentina, que deberá pagar otra sentencia multimillonaria emitida por la Justicia de Estados Unidos. La estatización de YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, fue avalada por el Congreso en una votación que contó con el respaldo del kirchnerismo, pero también de algunos de los miembros actuales de Juntos por el Cambio, en particular, el radicalismo.
La estatización de YPF dejó dos frases históricas de Kicillof. “Quédense todos tranquilos, esto está estudiado en profundidad”, dijo al defender la decisión. Y luego dejó otra afirmación que terminó siendo utilizada por los abogados de Burford en el juicio, y quedó estampada en la sentencia de Preska: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.
La cifra máxima que la Argentina podría llegar a pagar por la estatización de la petrolera triplica su valor de mercado, que actualmente está levemente por encima de los US$5000 millones, y supera también el monto que terminó pagando la Argentina por el juicio con los llamados “fondos buitre” liderados por Elliot Management, que sumó US$9300 millones.
El juicio por la estatización de YPF fue originalmente iniciado en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que ingresó a YPF de la mano de Néstor Kirchner. Luego, Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró la quiebra de Petersen para adquirir el derecho a hacer juicio. La causa quedó en manos de Preska, heredera del tribunal que encabezada el fallecido juez Thomas Griesa, quien llevó la causa de los llamados “fondos buitre”. Luego de años de presentaciones y mociones judiciales, el juicio se realizó finalmente en julio de este año. YPF logró salir ilesa, pero Preska falló en contra de la República Argentina, alegando, básicamente, que la manera en la cual el gobierno de Cristina Kirchner llevó adelante la estatización violó los estatutos de la compañía, y Burford, dueño de la demanda de Petersen, tenía derecho a una indemnización.
Emitido ese fallo, Preska debía dictaminar cómo debía calcular la sentencia. La discusión se centró en tres puntos: la fecha de la estatización, o de la toma de control de la compañía por parte del Estado; el cálculo del valor de la empresa, y la tasa de interés a aplicar a los fondos desde esa fecha. Preska terminó avalando todos los argumentos presentados por los abogados de Burford y rechazó los planteos de los abogados de la Argentina de la firma Sullivan & Cromwell LLP, dejando al país debilitado de cara a la negociación que inevitablemente llegará con Burford.
Fuente: La Nación
