Una trabajadora social de 83 años se declaró culpable de estafa y falsedad documental.
La maniobra fue descubierta debido a que el benefactor de la pensión, rondaba los 100 años de edad según su documentación, que ya estaba vencida.
Juana Igeña, una mujer madrileña de 83 años, cobraba la pensión de Jaime Pons, un anciano que permanecía internado en un psiquiátrico en el que la mujer, de profesión trabajadora social, realizaba sus tareas.
Cuando Jaime Pons perdió la vida en 1980, la trabajadora social aprovechó la situación del paciente, quien no mantenía tenía descendencia y se encontraba solo al momento de fallecer, por lo que Juana Igeña, que lo conoció trabajando en el psiquiátrico Alonso Vega en Madrid, se las ingenió para cobrar la incapacidad absoluta que la Seguridad Social le ingresaba al hombre todos los meses.
A partir de allí y por 33 años, la mujer embolsó el dinero que no le correspondía. Durante los primeros 23 años cobró 104 euros por mes, pero a partir del 2013 la suma creció a 700 euros (casi 46.600 pesos argentinos). El día 25 de cada mes, la trabajadora social iba al registro, obtenía un certificado de vida y con él iba dos días después a cobrar al banco.
La estafa cayó cuando el director del banco en el que cobraba la pensión, empezó a sospechar acerca de la condición del benefactor en el año 2017. Una de las veces que la mujer se presentó a retirar la suma de dinero, el banquero se dio cuenta que el DNI de Jaime Pons había vencido, y además, el hombre tenía ya más de 100 años de edad. Por lo que un funcionario de la Seguridad Social decidió cruzar datos y buscar el certificado de defunción del hombre, quien efectivamente estaba muerto, y hace ya unos 33 años.
Debido a esto, se le inició una causa por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial, lo que la llevó a un juicio que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid, donde tuvo que declarar y se disculpó por los daños ocasionados, diciendo también que devolvería el dinero que estafó al Estado, unos 200.000 euros.
El juicio finalizó luego de un acuerdo entre el abogado fiscal y quien defendía a la señora, ya de 83 años. El pacto que puso fin al “calvario” que vivió la mujer durante el proceso judicial, fue una condena de 2 años de cárcel, tiempo que permite que pueda no cumplir esa condena en cárcel, y el resarcimiento con una suma de 150.000 euros.
