«El 20 de septiembre presentamos ante la oficina judicial el requerimiento de apertura de la investigación penal preparatoria y se fijo la audiencia para el 5 de febrero del próximo año», expresó el fiscal Martín Cárcamo.
«La imputación que sostiene el Ministerio Público Fiscal es la que se produjo en febrero de 2024», agregó.
En este sentido, detalló: “El caso inició paradójicamente en febrero de este año, con una serie de denuncias que se recibieron inicialmente, con un grupo reducido de personas que denunciaron la maniobra que consistía en simular una organización, fingiendo alguna vinculación con funcionarios públicos y aprovechándose de la necesidad de la gente”, describió el fiscal.
Y precisó: «La principal implicada es Vanesa Fita, por ser la persona que manejaba las cuentas a las que se giraban las transferencias de 100.000 pesos por cada familia suscriptora, bajo la creencia de que, de ese modo, ingresaban en un plan de viviendas a construir por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano».
Asimismo, remarcó: «La investigación pudo determinar que el perjuicio alcanzó a 594 personas con un monto que superaría los 59 millones de pesos».
«Tuvieron participación con relevancia penal 5 mujeres. El encuadre es el de estafa por calidad simulada, influencia y mentira en concurso real con 594 casos, al tiempo que indicó que por ahora no se configura como una asociación ilícita», concluyó.
