El jefe de Gobierno se lo solicitará a sus legisladores cambiando así la posición que había adoptado ayer cuando negó esta posibilidad.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció hoy que pedirá «abrir el juicio político» en su contra por las acusaciones acerca de las escuchas ilegales, aunque ya estima que la oposición no contará con los votos necesarios para su destitución. «Estoy muy tranquilo, no tengo nada que ocultar, lo que busco es darle la máxima transparencia para demostrar que esto es una operación política de Néstor Kirchner», reiteró el jefe comunal durante una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño, donde estuvo acompañado por los integrantes de su gabinete, legisladores y diputados nacionales.
Más temprano, la presidenta Cristina Fernández calificó como «ridículo» el ataque de Macri contra Kirchner por su procesamiento y advirtió que «cada uno tiene que hacerse cargo» de sus «responsabilidades». Macri recordó hoy que el último lunes pidió acelerar el juicio oral en su contra para «esclarecer el tema», pero reconoció que ahora la causa «depende de (el juez Norberto) Oyarbide», que lleva adelante la investigación en su contra.
Ante el temor de que ese proceso demande meses e incluso años para obtener una resolución -dijo Macri-, es que en su espacio se evaluó la posibilidad de pedir un juicio político, que permitiría resolver el tema antes de fin de año. «Lo superaremos y estaremos trabajando en la gestión», confió Macri durante la rueda de prensa, en la que recalcó una y otra vez su voluntad de «dar la cara» y brindar las explicaciones necesarias para la causa.
Según comentó, ayer siguió atentamente la discusión en la Legislatura porteña, donde sus referentes lograron frenar la conformación de una comisión investigadora, y se preocupó porque «mientras hay legisladores con buena fe, otros piensan en su interés personal».
El anuncio de Macri fue puesto a consideración con su equipo a partir del jueves, con la confirmación del procesamiento judicial, pero en su entorno afirman que se trató de una «decisión muy personal porque está en juego su carrera política». En el PRO pronostican que el proceso en la Legislatura podría comenzar en dos semanas, cuando finalice el receso y ya esté en Buenos Aires la mayoría de los dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición.
Allí se dará paso al trabajo a la comisión investigadora que se conformará en el marco de la Sala Acusadora, que tendrá 60 días hábiles parlamentarios para emitir un dictamen en el que se determine si es o no factible un juicio político. En el caso de que se avance con la petición, se deberá obtener los dos tercios de los votos -30 sobre 45-, que el macrismo ya confía en que no se alcanzará para lograr que el asunto pase a la Sala Juzgadora, donde se definiría la continuidad del Jefe de Gobierno.
En el caso de la Sala Juzgadora, la situación es algo más estrecha para el PRO, ya que de sus 15 integrantes, el oficialismo tiene cinco, mientras que entre los 10 opositores está Daniel Amoroso, un ex macrista, que responde al diputado nacional Francisco De Narváez.
Macri justificó hoy la decisión del PRO de frenar la comisión investigadora ayer en el recinto, porque se trató de un mecanismo «desprolijo» en medio de una sesión especial fuera del período ordinario. En realidad, los macristas se encuentran preocupados porque dicha comisión no tiene tiempo para emitir su decisión y podría incrementar el «circo mediático», sin una resolución favorable para Macri que podría frenar sus aspiraciones para el 2011.
Con el pedido del juicio político, será una alternativa «a cara o cruz, porque a fin de año ya habrá un resultado», señaló uno de los legisladores del bloque macrista, que estima que algunos partidos de la oposición -como la UCR y la Coalición Cívica- no estarán dispuestos a pagar el precio que significaría avalar la destitución de Macri.
Fuente: DYN
