Presentación de Elisa Carrió y la Coalición Cívica al servicio del fiscal: Repitiendo la tradición macrista de espionaje ilegal –el propio Presidente espió a las víctimas del caso AMIA–, el partido de Carrió se presentó a la Justicia para intentar demostrar que la investigación por extorsión tuvo su origen en ex funcionarios presos.
Como se había anticipado, la Coalición Cívica y Elisa Carrió se presentaron ayer a la justicia pidiendo que se investiguen audios que, según ellos, “demostrarían” que la denuncia contra Carlos Stornelli se armó dentro del penal de Ezeiza, con el protagonismo de los ex funcionarios del kirchnerismo. Lo más grave es que la denuncia se basa en escuchas ilegales realizadas a los presos y que la CC y Carrió tratan ahora de blanquear. Queda claro que están interfiriendo las conversaciones de los detenidos con sus abogados, amigos y parientes, algo que viola todos los derechos y convenios internacionales. Se sigue la tradición del macrismo sobre el espionaje ilegal: el Presidente asumió imputado por escuchar, con dinero del Estado, a víctimas del atentado contra la AMIA y a su propio cuñado. Aún así, las escuchas no demuestran ni remotamente que la denuncia contra Stornelli se haya armado en la cárcel.
La vergonzosa presentación de la CC–Carrió parte de un clásico: la diputada dice que recibió un sobre anónimo en el que estaban las escuchas. El relato –por trillado– casi mueve a risa. El próximo paso es que luego dirán que había una escucha telefónica autorizada en otra causa, seguramente por drogas, y “casualmente” se cruzaron con esos diálogos. En lugar de destruirlos porque no se corresponden con lo que se investigaba, como indica la ley, igual usaron las escuchas que la diputada quiere blanquear.
Cronológicamente, la primera conversación es del 17 de enero, entre el diputado del Parlasur Eduardo Valdés y el detenido ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. O sea que, además, espían a un legislador: espionaje político si los hay. Parece que Valdés le dijo a Schiavi algo así como “se viene el Stornellipuff”.
El diálogo no tiene nada anormal y menos algo que sirva para probar que se armó en la cárcel. El pedido de extorsión a Etchebest se produjo el 7 de enero, o sea que esta conversación fue diez días después, por lo que Valdés perfectamente podía estar al tanto de que se iba a hacer la denuncia. Etchebest trabajó en Enarsa durante el gobierno kirchnerista y no sería sorprendente que le haya comentado lo que estaba viviendo a personas y abogados de esa franja política. Pero Valdés además aclaró que la expresión no estaba referida a la investigación de Ramos Padilla, sino a la fallida operación de presentar como arrepentido al ex secretario de los Kirchner, Isidro Boudine, que había naufragado justo el día anterior.
La otra escucha ilegal es del 1 de febrero y es un diálogo entre el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta, y un ex funcionario kirchnerista, Carlos Zelkovicz. En el diálogo hablan de la denuncia contra Stornelli, no saben qué actitud va a tomar el juez Alejo Ramos Padilla ni qué medidas adoptará. Como ya se dijo, la extorsión se concretó mucho antes, el 7 de enero, pero además la denuncia se presentó el 28 de ese mes, es decir antes del diálogo entre Baratta y Zelkovicz.
No hay nada anormal en que 25 días después de la extorsión y tres días después de que sea puesta a conocimiento del juez, Baratta esté al tanto de la denuncia que presentó un empresario que, además, estuvo en el área de energía.
El intento de legitimar escuchas ilegales, que además no prueban ninguna conducta criminal, naufraga ante los videos, los whatsapp, las fotos, los audios y hasta el reconocimiento del supuesto operador de Stornelli de que pidió los 300.000 dólares y ya había cobrado 15.000.
