El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ordenó una nueva detención en el marco de la pata financiera del D’Alessiogate y pidió la intervención de la UIF.
Espías ilegales, empresas pantalla, bancos internacionales, viajes al exterior y mucho dinero en juego. La secuencia de hechos parece extraída de una serie de Netflix. Pero sale de la justicia federal de Dolores. La causa donde se investiga al agente inorgánico Marcelo D’Alessio es realmente una caja de pandora. En el marco de la pata financiera que se desprende del D’Alessiogate, el juez Alejo Ramos Padilla pidió este lunes la detención de un nuevo integrante de la organización criminal, Aldo Sánchez. El magistrado analiza en profundidad el rol del “grupo Buenos Aires” y operaciones por cientos de millones de euros. Según los investigadores, el falso abogado que chateaba con Patricia Bullrich y su banda actuaban como intermediarios y facilitadores del lavado de activos.
D’Alessio integraba un grupo de chat con el exAFI, Ricardo Bogoliuk; el financista Pablo Bloise; y Marcelo González Carthy de Gorriti. Los primeros tres fueron detenidos y procesados en el marco del D’Alessiogate el año pasado, por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a lavar dinero. El cuarto está prófugo y este lunes Ramos Padilla pidió a Interpol su captura. No fue la única novedad de este 18 de mayo. El magistrado también solicitó la detención e indagatoria de Aldo Sánchez, un argentino con pasaporte italiano, acusados de varias estafas y que figura vinculado a las operatorias que investiga Ramos Padilla.
El juez de Dolores está detrás de “maniobras delictivas financieras trasnacionales por montos varias veces millonarios en moneda extranjera (euros y dólares)”. Tiene un año de intercambios de mensajes de WhatsApp del “grupo Buenos Aires”, que obtuvo del teléfono celular Iphone X secuestrado a D’Alessio. “En ese grupo, se observa la vinculación entre sus miembros con la finalidad específica de armar esquemas financieros en miras a lograr la colocación de fondos de origen ilícito en cuentas offshore, con expresas referencias a que se trataría de maniobras que buscarían darles apariencia de realidad”, precisa el juez.
La banda de D’Alessio lo que hacía era vincular a los actores de estas operaciones, que tenían relación directa con ellos, “y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario”. Se simulaban negocios transparentes vinculados a inversiones o proyectos de infraestructura como “pantalla” para esconder actividades financieras ilegales. Aún no está claro de dónde provenía ese dinero.
¿Qué beneficio lograba D’Alessio y su banda? El cobro de cuantiosas comisiones a través de Paymasters, esto es, empresas que gestionan cobros en representación de terceras personas, cuyos nombres no aparecen en las operaciones. “En el caso del grupo ‘Buenos Aires’, la empresa que oficiaría de Paymaster es Goldmax Development Limited”, una firma vinculada a los Panamá Papers.
Una de las hipótesis que maneja el juzgado es que D’Alessio cobraba las comisiones a través de la tramitación de créditos internacionales para sus empresas radicadas en la Argentina. Bloise asesoraba al falso abogado en la tramitación de estos créditos. Por ejemplo, habría cobrado uno por 1,5 millón de dólares por “las actividades vinculadas a los derivados de la trucha que supuestamente llevaba adelante D’Alessio”.
Operación Sánchez
Esta operación, que se retrotrae a marzo de 2018, incluye la participación de bancos ubicados en Turquía, Estados Unidos y en las Islas Comoras, en África. Según la reconstrucción que hizo el juzgado, el dinero ilegal es enviado por la misma persona que en última instancia habría recibido la plata ya “blanqueada” en los EE.UU: Aldo Sánchez.
“De acuerdo con los documentos intercambiados, la primera operación que intentaron llevar adelante implicaba un monto elevado de dinero. En ese sentido, las partes refieren que la transferencia sería de 500 millones de euros, cifra que las personas que tenían contacto con Carthy de Gorriti necesitaban colocar en el sistema bancario”, indica Ramos Padilla.
Aquí entra en acción Bloise. Es el que tenía contacto con quienes pondrían a disposición estructuras empresariales para lograr estos acuerdos “pantalla” a cambio de una “comisión”, que oscilaba entre el 21% y el 27% del dinero colocado.
Así es que apareció la empresa turca Eksi Group, firma “dedicada a la obra pública y a la construcción de viviendas de lujo, tanto en Turquía como en Nigeria”. Dada la ductilidad de Bloise en la materia, es factible que el financista haya realizado este “tipo de actividades con cierta frecuencia y no solamente en coordinación con los miembros del grupo ‘Buenos Aires’”.
El prófugo Carthy de Gorriti tenía trato directo con las personas que necesitaban colocar el dinero negro en el circuito bancario. En esta operación, esa persona fue Aldo Sánchez, un santafesino que utilizaría para las negociaciones un pasaporte italiano. Es altamente factible que se trate de un testaferro.
“En la operación ‘Sánchez’, el sender Aldo Sánchez busca colocar el dinero desde una cuenta en el Foreign Finance Bank en las Islas Comoras a nombre de la empresa Aldo Sánchez Building and Enterteinments, con la intervención del oficial bancario Mike Jefferson”, explica el juez.
La parte que habría recibido el dinero es el mentado Eksi Group “representado por el ciudadano turco Ahmet Cakmak –quien tendría contacto con Bloise-, con cuenta bancaria en el Banco de Turquía (Is Bankasi) y la intervención del oficial bancario Aziz Ozben”.
El nudo de la operación de lavado consistía en que un 75% del monto transferido fuera remitido a la empresa HS Global Company Limited, “una empresa que posee una cuenta bancaria en el Union Bank de California, Estados Unidos, justamente, a nombre de Aldo Sánchez. Esto demuestra que, en realidad, un 75% del dinero que transfiere Aldo Sánchez regresa a él mismo en forma de depósito bancario en los Estados Unidos”, destaca Ramos Padilla.
La parte que presta su estructura como pantalla, el Eksi Group, recibe un 21%. Mientras que la banda de D’Alessio había concertado un 4% de comisión vía la empresa GoldMax Development Limited.
Para realizar este tipo de operaciones, el grupo de D’Alessio contaba con una licencia offshore -cuya veracidad aún no fue acreditada por la Justicia- del banco Foreing Finance Bank, ubicado en Anjouan, una de las islas Comoras, considerado uno de los principales centros offshore del mundo.
De acuerdo a la resolución judicial, Aldo Sánchez tiene antecedentes penales por estafas y aparece en causas vinculadas al tráfico de estupefacientes. Ahora tiene pedido de captura por parte de Ramos Padilla.
Operaciones IPID y Menes Ortega
Ramos Padilla describe al detalle otras dos operaciones multimillonarias de características similares a la anterior. “No puede descartarse que se trate de los mismos interesados que en la operación Sánchez”, indica el juez. En el primero de estos casos (IPID), intervienen bancos de Austria (como el Deutsche Bank Osterreich), Liechtenstein, Ucrania, Irlanda, Estados Unidos y Canadá.
En el marco de las conversaciones sobre esta operación, surgen detalles sobre otra misión (Swift) que asciende a “casi 550 millones de euros en 11 tranchas de una cifra cercana a 50 millones de esa moneda”.
A diferencia de la operación Sánchez, aquí el sender (el que envía el dinero) es Aleko Rogachevski, con quien Carthy de Gorriti no tendría contacto directo.
“Más adelante, Carthy hará saber que Rogachevski está detrás de la parte del sender en ambas operaciones, esto es, en ‘IPID-Edil System’ y ‘SWIFT’”. En la operación “IPID”, la banda de D’Alessio acepta como comisión un porcentaje de 2,5%.
De los intercambios en el grupo de chat “surge con claridad el cuidado minucioso de los participantes para no mencionar en los mensajes los nombres propios de las personas involucradas en las operaciones”.
Es más, como se fue cambiando el receptor producto de distintos inconvenientes, para Ramos Padilla es evidente que “la mutabilidad de los posibles receivers pone en evidencia que en realidad no se trata de operaciones reales basadas en contratos con un objeto de negocios palpable y verdadero, sino una ingeniería financiera para el lavado de dinero”.
El que habría enviado el dinero en el caso IPID es “Edil System”, una empresa representada por el ciudadano italiano Giovanni Gentile, una persona con antecedentes por estafa agravada y evasión.
El destinatario en este envío, reconstruyó la Justicia, sería Barings Capital Corporation LTD, representada por el ciudadano ceilandés Mohamed Ashroff Kandergedera Abdul Gaffoor. “De acuerdo a la documentación intercambiada, la cifra total del contrato sería de 500 millones de euros y la transferencia o trancha que estarían llevando adelante sería de 100 millones de euros”, señala el juez.
El supuesto objeto sería también el mismo que en la operación Sánchez, esto es, “llevar adelante proyectos de inversión y desarrollo”.
Quien colocaría los fondos, distribuiría luego el 73% en cuentas ubicadas en Canadá (50%) y Estados Unidos (23%) a través de las empresas World Energy Resources INC, con una cuenta a su nombre en The Bank of Nova Scotia y Roy and Associates PLLC, con una cuenta a su nombre en el banco JP Morgan and Chase.
Por su parte, quien recibe los fondos los va a distribuir en un 27% en cuentas ubicadas en Liechtenstein (15%), Ucrania (5%), Australia (2,5%) e Irlanda (4,5%).
En IPID vuelve a aparecer GoldMax Development Limited, que oficiaría de Paymaster de los miembros del grupo “Buenos Aires”, con los mismos datos que la operación Sánchez, esto es, una cuenta ubicada en el banco ICBC de la zona franca de Shanghái (China) a nombre de Joaquim Badía López, que recibe en este caso un porcentaje de 2,5%.
La tercera gran operación que describe Ramos Padilla es la de Menes Ortega donde se repite la dinámica de la operación Sánchez: vuelven a intervenir los oficiales bancarios del Foreign Finance Bank de Islas Comoras y del Banco de Turquía (Is Bankasi).
La diferencia es que el sender es la asociación Contigo Conmigo Con México, representada por el ciudadano mexicano Teodoro Menes Ortega, “quien aporta el mismo número de cuenta que oportunamente estaba a nombre de Aldo Sánchez”. Menes Ortega se trataría de un contador mexicano “quien actuaría como representante legal de empresas contratistas del Estado de Veracruz”.
El objeto de la transacción es el mismo que en los documentos que se analizaron anteriormente: “La inversión para varios proyectos de infraestructura y desarrollo”. En este caso establecen que el contrato tendría un monto total de 2.500 millones de euros.
Aquí aparecen bancos de Londres y de Estados Unidos y como destinatario final la empresa “Transacciones Inmobiliarias para el Desarrollo y la Inversión SL”, que está vinculada a Aldo Sánchez.
Si bien Ramos Padilla se focalizó en las tres grandes operaciones mencionadas, “existen indicios acerca de la existencia de otras posibles operaciones”.
Para seguir profundizando en esta derivación financiera del D’Alessiogate, Ramos Padilla le dio intervención a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación y solicitó colaboración de la Unidad de Información Financiera.
