La Cámara de Diputados se apresta a llevar adelante este miércoles una sesión especial, que este lunes sería convocada oficialmente por el presidente del Cuerpo Martín Menem, para intentar investigar el escándalo por las criptomonedas Libra.
Un amplio abanico de diputados de Democracia para Siempre y de Encuentro Federal, encabezados por sus presidentes de los bloques, Pablo Juliano y Miguel Pichetto, respectivamente, solicitaron la convocatoria. A la misma se sumará el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Oscar Zago.
Los tres diputados del bloque, Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez, exintegrantes de la oficialista Libertad Avanza, presentaron un proyecto pidiendo la creación de una comisión investigadora.
Solicitan que, “en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación se cree la Comisión Especial Bicameral Investigadora caso Libra, que tendrá por objeto investigar, analizar y esclarecer los sucesos y resultados del caso de la criptomoneda Libra”.
Desde el MID señalan que “no están de acuerdo con impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei, como lo impulsa UxP, porque creen en la honestidad del jefe de Estado, pero que se tienen que investigar los hechos que permitieron que unos inescrupulosos llegaran al presidente en ocho ocasiones lo hicieran cometer un error, lo que tendrá que llevar a mejorar su sistema de audiencias”.
Los tres diputados formaban parte de La Libertad Avanza, incluso Oscar Zago fue presidente del bloque. Tras el primer fracaso del tratamiento del proyecto de ley de Bases durante el 2024, que motivó la vuelta a comisión de la iniciativa y el fracasado impulso para que la diputada Marcela Pagano (LLA) presida la estratégica comisión de Juicio Político, en abril pasado, motivaron el desplazamiento de Zago de la conducción y su reemplazo por el diputado Gabriel Bornoroni. Además de un público enfrentamiento con Martín Menem y con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
La Comisión que impulsa Zago estará integrada por 16 miembros, ocho diputados y ocho senadores, aclarando que, la misma tendrá “la proporción de las representaciones políticas de las Cámaras. Una vez conformada la Comisión, los bloques que no integren la misma podrán designar a un asistente por bloque, que participará de la Comisión en calidad de observador informante”.
La comisión tendrá 180 días corridos de trabajo como máximo y sus objetivos serán: “Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, bajo intimación de cumplimiento en plazo obligatorio, sin poder oponerse cualquier beneficio o compromiso de confidencialidad. Solicitar, a través del juez competente, órdenes de allanamiento, requisas y toda otra medida probatoria y pericial que requiera el auxilio de la fuerza pública. Requerir y recibir declaraciones informativas y testimoniales”.
Entre sus fundamentos destacan, “las instituciones deben proporcionar información clara y precisa sobre sus actividades y decisiones. Dicha información debe ser pública y relevante a través de canales que garanticen su autenticidad. También las instituciones deben establecer mecanismos para que los funcionarios y empleados rindan cuentas de sus acciones y decisiones. Esta aproximación redunda en una mayor confianza en la institución, mejora la rendición de cuentas, ayuda a prevenir la corrupción y mejora la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones”.
