El Fiscal Omar Rodríguez remarcó que hoy se planteó el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de la defensa, con la oposición de la fiscalía y la querella, marco en el cual indicó que se trata de una estrategia de la defensa de atacar y refutar la posición tomada por los funcionarios de fiscalía.
“Desde nuestra postura entendemos que es bastante claro en este caso particular, en función de la modalidad del caso, que es necesario el juzgamiento de todas las 12 personas y ahí el defensor ha puesto que no se puede hacer el juicio si se muere la mitad, lo que nos parece que es un disparate porque es obvio que no vamos a hacer un juicio con personas muertas”, enfatizó sobre lo que rodea a la causa ‘El Embrujo’.
Y agregó que “otra cuestión es que Argentina firmó convenios internacionales de combatir la corrupción y la probation no establece determinar responsabilidades porque, justamente, se suspende el juicio a prueba; es decir que no vamos a saber si fueron culpables o no y la Fiscalía entiende que hay un derecho de la sociedad a conocer la verdad. Por eso, es necesario hacer el juicio”.
“Entiendo que es distinto a las probation que se determinaron en la causa ‘Revelación’, creo que sí, por la particularidad del caso, esto es una asociación ilícita de un grupo bien conformado de miembros que actuaron desde 2013 hasta el día de la detención el año pasado, fueron cinco años operando de manera ilegal no solamente integrando ese grupo, sino los colaboradores que como satélite lo hacían indirectamente”, dijo en declaraciones reproducidas hoy por FM La Petrolera 89.3 MHz.
“Por eso es necesario que se juzgue a las doce personas, porque cada uno cumplía un rol específico dentro de la maquinaria de la corrupción. Ahí vamos a poder determinar cómo había un jefe, cómo distribuían las instrucciones, cómo cometían los hechos delictivos y cómo colaboraban estos participes que no tienen pena de expectativa alta, pero sí participaban directamente con Correa y el grupo”, agregó.
Rodríguez indicó que “entendemos que el ofrecimiento no podemos ni discutirlo porque entendemos que no reúnen los requisitos del cuarto párrafo ni para poder plantearlo, pero esto es una cuestión de la estrategia defensiva del caso. Nosotros lo sostenemos y lo vamos a sostener que deben ser juzgados la totalidad de los imputados”.
“El no ser funcionario público para el caso particular, no necesariamente se le puede otorgar la probation. No es un mecanismo automático, nosotros consideramos que en caso de ser juzgado y condenado, las penas van a ser de cumplimiento efectivo más allá de la facultad que tiene el Tribunal en su caso de otorgar alguna pena en suspenso, pero la totalidad de los imputados están en condiciones -en caso de un veredicto de culpabilidad- de recibir las penas de cumplimiento efectivo”, aseguró el fiscal.
La estrategia de la defensa
Por su parte el Dr. Fabián Gabalachis, abogado defensor de Diego Correa y otros imputados, dijo que “lo revisado se divide en cuatro contrataciones que ascienden a un monto de $33.600 el monto de la contratación es ese, no dice en ese caso si hay un perjuicio de esa magnitud.. Asumimos para la aplicación que en ese sentido se devolvería ese dinero”.
“En el caso de Natalia McLeod y Sandro Figueroa la fiscalía les atribuye ser accionistas de la empresa Dual Core y que en tal carácter se han enriquecido e ilegítimamente a través de la compra de un terreno en Trelew, un terreno en Lago Puelo, un vehículo Ford Ranger y 4.000 dólares que secuestran en la casa de McLeod”, explicó.
Y dijo que están un tanto limitados en el análisis de los hechos: “debo decir que es cierto que esto fue anterior a la asunción de Mario Das Neves, por lo tanto no pareciera que tuviera implicancia en la actividad que podría haber desarrollado o no Diego Correa”.
“El 25% de Dual Core en 2013 era de Natalia McLeod y en 2014 se lo cede a su tío, que es Sandro Figueroa. Quise poner de resalto que los hechos de corrupción que acá se están investigando son a partir de diciembre de 2015, por lo tanto poco importaba lo que sucedía antes de ese momento”, amplió Gabalachis.
Finalmente, dijo que “ambos ofrecen la realización de tareas comunitarias a coordinar con una oficina que hay en ese aspecto, que se llama Oficina de Ejecución de Probados, en la jurisdicción de cada oficina judicial”, y sobre si esos bienes se entregan con alguna finalidad, señaló que “la misma la dispone el Estado y tendrá sus canales para ver qué se hace con esos bienes”.
