El gobierno avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas) y para eso considera retirarle el subsidio a los grupos familiares si alguno de sus integrantes tiene un auto o moto de menos de 5 años de antigüedad, según surge de documentos que publicó la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por el ingeniero Eduardo Rodríguez Chirillo.
La Audiencia Pública se llevará a cabo el jueves 29 de febrero y tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos, pues la normativa anterior, el decreto 332/2022, diseñada durante la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, determinaba que los aumentos no pueden superar para los usuarios N2 (ingresos bajos), el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y para los usuarios N3 no pueden superar el 80% del CVS del período contado desde el aumento previo.
En la Audiencia del jueves 29, el gobierno presentará la “Canasta Básica Energética”, el concepto a partir del cual presente focalizar mejor la ayuda del estado y reducir el monto total de los subsidios. La norma publicada en agosto de 20222 era mucho menos restrictiva en cuanto a la concesión de subsidios: solo quedaban excluidos de recibirlos las personas que tuvieran a su nombre 3 o más vehículos automotores con menos de 5 años de antigüedad, que por tal motivo pasarían a ser considerados N1 (”ingresos altos”) y no recibirían subsidios.
En esa condición hay actualmente cerca de 5,3 millones de usuarios de la red eléctrica, un tercio del total de 16,1 millones. Otro 50% está agrupada como N2 (ingresos bajos, los más subsidiados) y el resto (cerca de 17%) N3, ingresos medios. Esto significa que solo uno de cada tres usuarios del servicio eléctrico paga tarifa plena y que dos de cada tres tiene gran parte de su consumo subsidiado.
La idea del gobierno, ya explicitada por Rodríguez Chirillo, es que el gobierno subsidiará solo a aquellos grupos familiares para lo que el costo de la Canasta Básica Energética (CBE), exceda el 10% del ingreso familiar. Eso a su vez estará cruzada por cuestiones como las distintas “zonas bioclimáticas” del país. Rodríguez Chirillo ha señalado más de una vez que el sistema energético está “al borde del colapso” y que el costo de la energía “debe pagarse”.
El mantenimiento de las tarifas actuales es absolutamente inviable, por una simple cuestión presupuestaria. En los últimos 14 años, como surge de los datos del siguiente gráfico de un informe de la consultora Economía & Energía, la Argentina gastó el equivalente a más de USD 141.000 millones en concepto de subsidios energéticos, por más del 25% del PBI.
La propiedad de un auto o moto de menos de 5 años de antigüedad no será el único criterio de exclusión de subsidios. También se mantendrán otros más obvios, que ya estaban contemplados en el decreto 332 de 2022, como la posesión de alguna aeronave o embarcación o si alguna persona del grupo tienen dos o más inmuebles a su nombre.
El esquema de subsidios que el gobierno está gestando exigirá utilizar y cruzar numerosas bases de datos ya existentes y que provean los usuarios que pidan o hayan pedido subsidios a través de llamado RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía).
Según Alejandro Einstoss, economista especializado en energía, el gobierno está buscando un sistema perfecto a expensas de uno bueno. El esquema propuesto complejiza la implementación del nuevo sistema en lugar de simplificar la focalización de subsidios utilizando la experiencia internacional o el programa de «tarifa social» previo a la segmentación.
En resumen, el gobierno argentino planea retirar los subsidios energéticos a los grupos familiares que posean un auto o moto conmenos de 5 años de antigüedad. Esto forma parte de los esfuerzos para reducir el monto total de los subsidios y se basa en documentos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación. La propuesta será discutida en una Audiencia Pública que se llevará a cabo el 29 de febrero. La intención es evitar la judicialización de los aumentos y focalizar mejor la ayuda estatal.
Actualmente, existen alrededor de 5,3 millones de usuarios de la red eléctrica en esta condición, lo que representa aproximadamente un tercio del total de usuarios. La idea es subsidiar únicamente a aquellos grupos familiares cuyo costo de la Canasta Básica Energética exceda el 10% de su ingreso familiar. Además, se tomarán en cuenta las distintas «zonas bioclimáticas» del país.
El gobierno argumenta que el sistema energético está al borde del colapso y que es necesario que el costo de la energía sea asumido por los usuarios. Las tarifas actuales son consideradas inviables desde el punto de vista presupuestario.
Cabe destacar que la propiedad de un auto o moto de menos de 5 años de antigüedad no será el único criterio de exclusión de subsidios. También se considerarán otros factores, como la posesión de aeronaves, embarcaciones o la propiedad de dos o más inmuebles.
La implementación del nuevo sistema de subsidios requerirá el cruce de múltiples bases de datos existentes, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Sin embargo, algunos expertos señalan que el esquema propuesto podría complicar la implementación del nuevo sistema en lugar de simplificar la focalización de los subsidios. Se argumenta que se debería utilizar la experiencia internacional o el programa de «tarifa social» previo a la segmentación para lograr una mejor focalización de los subsidios.
