La síntesis dada a conocer hoy por el Ministerio Público Fiscal, dio cuenta de los mismos, brindando un detalle pormenorizado de los hechos declarados bajo juramento en la localidad de Rawson.
La misma fue resumida de la siguiente manera por el citado organismo judicial:
-“Contamos con una prueba fundamental que son los cartulares, es decir los cheques utilizados para pagar los retornos. Ahora bien no es la única prueba que hemos de contar”
– “El testigo Eduardo Loza- empresario de la construcción propietario de la firma Emecco Loza-, refirió con lujo de detalles como debió efectuar el pago de retornos a Diego Correa… agregando que fueron cinco los cheques que utilizo para el pago de retorno exigido por el funcionario Publico… Le fueron exhibidos los cartulares 150082744 y 15008247 reconociendo de manera palmaria su firma en dichos instrumentos”.
– “Luthers refirió como anotaba los numerosos cheques narrados, detallando cómo ese ya famoso porcentaje de 3% y 5 % , siendo esto también coincidente con los declarado por los empresarios de la construcción Laborda Parasitada etc.”
-“En la pericia informática 593/18, 592/18 en quedó registrado de manera palmaria la vinculación entre Federico Piccione y Diego correa, teniendo como meta principal apropiarse del canal 9 de la ciudad de comodoro Rivadavia, no utilizando nada más y nada menos que cheques derivados de la obra pública , los cuales obtenían al exigir los retornos”.
-“El testigo Adrián Muñoz, chofer de la Unidad de Gobernador, dijo en este juicio que se encontraba a cargo de Diego Correa. A preguntas de la fiscalía narró que Diego Luthers le daba cheques para cobrar en la sucursal del Banco de la ciudad de Rawson, reconociendo sin ninguno tipo de dudas el endose realizado en dicho instrumento, comprobándose de esta manera que los choferes de dicha unidad eran usados a los fines de cobrar los cheques que prevenían de la asociación ilícita encabezada por Diego Correa”.
– “Por otro lado el accionar ilícito tanto de Diego Correa como de Martín Bortagaray queda demostrado a través del testimonio de la contadora Sandra Torres, del Instituto Provincial de la Vivienda, refiriendo que en la época que estaba Juan Martin Bortagaray de presidente, las planillas referidas a la obrar publica y en las cuales de se disponía que pagar y eran enviadas también al secretario diego correa de la unidad del gobernador por encargo de quien era presidente, no siendo ello para nada normal que desde un instituto autárquico como lo es el IPV se envié a un secretario de un gobernador.
-“La declaración que prestara Diego Luthers en este Juicio oral y público quien refirió que en el IPV se implementaba en mismo sistema de planillas en relación al pago de retorno por parte de empresarios de la construcción. Lo narrado no hace más que poner en evidencia la autoría de Diego Correa y la participación del hecho narrado de Juan Martín Bortagaray quien a ese momento estaba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda”.
