La jubilación mínima en Argentina alcanzaría en febrero un valor real —es decir, expresado en términos de poder de compra— inferior al registrado durante la crisis económica de 2002. Este dato surge en un contexto donde el gobierno nacional logró un superávit fiscal en enero, un logro que, según el análisis, se basó en gran medida en la reducción real del gasto en jubilaciones y pensiones, indica Infobae.
La estimación corresponde a un reporte del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que destaca que los esfuerzos del Gobierno de Javier Milei por equilibrar las cuentas públicas y mantener la meta de déficit cero tuvieron un impacto significativo en el poder adquisitivo de los jubilados.
La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones se identifica como el factor más decisivo detrás del superávit financiero de 0,2% del PBI logrado en enero. Fue el factor que más pesó y el sector que, hasta el momento, cargó con los mayores esfuerzos.
El análisis se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestran qué partidas fueron las que explicaron el superávit en el mes.
“Por un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados a las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación, durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior”, sostuvo la OPC y detalló a continuación:
-El superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses, fue 105,2% superior al obtenido un año atrás.
-Los ingresos totales se contrajeron 1,3% en la comparación interanual, impulsados por las caídas de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% año a año) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% año a año), parcialmente compensadas por las subas en el Impuesto PAIS (411,6% año a año) y en los Derechos de Exportación (88,5% año a año). Parte por la mejora del tipo de cambio, parte por cambios regulatorios.
-Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% año a año en el primer mes del año y el recorte en los primarios llegó a 30,8% año a año.
Las jubilaciones y pensiones (-32,5% año a año), los programas sociales (-59,6% año a año) y los gastos en personal (-18,0% año a año) fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas.
Para comprender la magnitud de esta reducción, IDESA examinó la evolución del haber mínimo, que refleja de mejor manera la movilidad de las jubilaciones a lo largo del tiempo. Según el informe, la jubilación mínima en 2002 fue de $83.078 a precios de diciembre de 2023 (esto es, trasladando el poder de compra del peso del último mes del año pasado al pasado para permitir comparaciones).
En contraste, el valor promedio a lo largo del año 2023 ascendió a $127.858, ajustado por inflación. Sin embargo, en diciembre de 2023, la cifra descendió a $105.713, evidenciando un deterioro persistente en el poder de compra de las jubilaciones.
El análisis proyecta que, asumiendo una inflación aproximada del 20% en enero de 2024, el valor real de las jubilaciones en ese mes habría sido equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. Esta tendencia sugiere que, para febrero, el valor real de las jubilaciones sería incluso inferior al registrado en el año 2002, marcando el punto más bajo en el siglo XXI. Por debajo incluso de los valores de la última gran crisis económica argentina.
El informe de IDESA hace una serie de advertencias respecto a los problemas que puede experimentar esta vía para intentar alcanzar el equilibrio fiscal. El instituto subraya que la estrategia de ajuste basada en la licuación de jubilaciones no solo tiene un impacto regresivo y genera tensiones políticas, sino que también incrementa las demandas judiciales contra la Anses. La justicia previsional, históricamente, no ha tolerado la reducción del valor real de las jubilaciones, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política porque los ahorros alcanzados se pueden revertir en tribunales.
A pesar de estos desafíos, el gobierno mantiene su compromiso con la meta de déficit cero, argumentando que es esencial para eliminar la inflación y crear un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo de calidad. Sin embargo, el informe advierte que la percepción de los agentes económicos sobre la viabilidad a largo plazo del equilibrio fiscal es crucial. Las resistencias sociales, políticas y judiciales pueden diluir los beneficios esperados de estas políticas.
