El sector energético vuelve a traerle un nuevo dolor de cabeza al Gobierno Nacional. Ante la imposibilidad de trasladar la totalidad del costo de la devaluación a las tarifas, los empresarios intuyen que el gobierno buscará pesificar todos los precios del sistema eléctrico y anticipan una ola de juicios por ruptura de contratos.
De acuerdo al rumor que circula en el mercado, la secretaría de energía daría de baja la Resolución 19 que establece un precio de remuneración base por potencia de 7.000 dólares el MW por mes que se suma a los 2.000 dólares (MW/mes) que se abonan por la potencia adicional y entre los 3.000 y 5.700 dólares (MW/mes) de acuerdo al tipo de generación que se pagan por el precio mínimo de potencia.
En miras de reducir el fuerte déficit fiscal que ocasionaban los subsidios, Aranguren fue recomponiendo los valores de generación de energía que previamente eran asumidos por CAMMESA y se pactó un aumento de precios del 56% para el 2018.
Pero a raíz de la fuerte devaluación del peso, la necesidad presupuestaria de CAMMESA para hacer frente a los pagos del precio monómico se incrementó exponencialmente y aseguran que la carencia de fondos es crítica. A su vez, el acuerdo con el FMI de equilibrio fiscal y cero emisión monetaria no le deja margen para incrementar las transferencias del Tesoro.
«Los rumores existen. Están intentando desarmar lo que fijo Aranguren que dolarizó todos los precios y la idea tiene mucha fuerza dentro de la UCR», comentó a LPO Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
Justamente, desde el Instituto Mosconi, el think thank de mayoría radical más prestigioso del país en materia energética, manifestaron su apoyo a esta iniciativa. «No podes tener en una punta un contrato en dólares y en la otra punta un contrato en pesos con los usuarios. Cammesa por estatuto recalcula periódicamente el precio estacional en función de los costos que prevé para el próximo semestre y evidentemente en los próximos meses pesa la devaluación pasada y hay una situación que hay que resolver», indicó a este medio el Vicepresidente de dicha institución, Gerardo Rabinovich.
El otro marco regulatorio, está establecido por diferentes regímenes -cada uno con sus propias características- como las hidroeléctricas binacionales, las centrales nucleares y las resoluciones 21 y 287 que son licitaciones para remuneración por potencia a largo plazo. Consisten en contratos a 10 o 15 años dolarizados, donde se paga por potencia instalada.
Estos acuerdos se rigen por la ley de Nueva York, por lo que ante cualquier ruptura, las empresas están en condiciones de reclamar ante tribunales internacionales e incluso retomar las viejas demandas que duermen en el CIADI, las cuales se habían comprometido a desestimar a partir de los aumentos tarifarios otorgados.
«La teoría de la ruptura de contrato no se la puede tomar de esa forma porque ante situaciones extraordinarias se puede cambiar las condiciones de común acuerdo. Por ejemplo ahora es muy común ver como muchos comercios están negociando una baja de los alquileres ya que no los pueden pagar y los propietarios terminan aceptando», subrayó Rabinovich.
La Política Online conversó con dos de las firmas líderes en materia de generación eléctrica, quienes sostuvieron que la iniciativa «no es seria» y que «se espera que no ocurra». Por su parte, la secretaría de energía desmintió el hecho y le aseguró a este medio que «no se romperá ningún contrato».
