“Felicito a la Justicia por su rápido accionar, fundamental para terminar con los aprietes y los mensajes extorsivos”, señaló el funcionario.
Y agregó que “en Chubut no hay lugar para las mafias, el único camino es el del orden y el trabajo”.
Cabe recordar que por un conflicto gremial peligran millones de dólares para Argentina, ya que una denuncia por amenazas y extorsión en el sector pesquero tiene parada la actividad de un rubro importante como la explotación del langostino hay 500 millones de dólares en juego, peligrando miles de empleos.
La amenaza radica en que desde SUPA indicaron que “si hay guerra a los estibadores portuarios, la vamos a dar”, y en ese interín fue quemada una camioneta del empresario pesquero Raúl Cereseto en la puerta de su domicilio, en Puerto Madryn.
En la denuncia, consta que desde la cúpula sindical pedían coimas de hasta el 50% de lo que se le abona al Delegado de personal en favor de dirigentes gremiales.
El gobernador Ignacio Torres había manifestado en tal sentido que “se tuvieron que tirar langostinos por eso le dijimos al Fiscal de Estado que hiciera la correspondiente denuncia”.
El propio mandatario provincial había remarcado días antes que “el recurso, el langostino, es de la provincia; no es de los empresarios ni de los gremios. Aquel que me pare de vuelta y se pudra un solo langostino, va a tener respuesta en la Justicia”.
A colación de ello, la Fiscalía pidió prisión preventiva ante la extorsión al empresario por el pago solicitado a cambio de mantener la actividad portuaria, afectando esto a estibadoras locales, constando entre las pruebas que refuerzan el caso.
Los sindicalistas del SUPA que pedían coimas fueron detenidos por Prefectura Naval en ñla zona del puerto de Comodoro Rivadavia por violar la medida de prohibición de acercamiento que ordenó oportunamente la Justicia.
Por ello, se ordenó la prisión domiciliaria para dirigentes sindicales por las denuncias por extorsión, medida que fue otorgada por la Justicia ante el pedido de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez. La pena final podría ser de hasta 10 años para los imputados (son cinco los sindicalistas contra quienes se abrió una investigación por los delitos de extorsión y amenazas).
Asimismo, pedirán que se incluya la figura de asociación ilícita contra los dirigentes del SUPA. El abogado Nicolás D’Albora, quien representa a Cereseto, confirmó que pidió que se lo acepte como querellante en la causa de ese presunto delito.
