Según el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en el último año 600 mil chicos cayeron en la pobreza. El problema que más se agravó entre los niños fue el alimentario. Los investigadores registraron que en 2018, como resultado de la recesión y la suba en los precios de los alimentos, el 11,2 por ciento de los chicos argentinos (esto es, 1 millón 467 mil niños y adolescentes) experimentaron hambre por falta de dinero. La cifra alude a los que por lo menos una vez a lo largo del año tuvieron hambre y fueron asistidos. Un 4,9 por ciento (642 mil chicos) está en un escalón más duro, porque habiendo pasado hambre, no recibieron asistencia.
El nuevo análisis tiene la particularidad de cruzar dos mediciones. Por un lado, presenta los datos del relevamiento habitual del Observatorio sobre pobreza multidimensional infantil, una medición que refleja las privaciones que sufren los niños en seis dimensiones de derechos: alimentación, salud, educación, vivienda, acceso a la información y saneamiento. Por otra parte, esos resultados son leídos en relación con la pobreza por ingresos. Eso reveló que el porcentaje de niños doblemente pobres –por pertenecer a hogares con ingresos insuficientes y por estar privados de al menos un derecho– aumentó, pasando del 37,1 por ciento en 2017 al 41,2 por ciento en 2018. En términos absolutos, 600 mil niños y adolescentes más en situaciones de pobreza.
El Barómetro de la Deuda Social añadió que:
-Hoy 63,4 de cada cien niños y adolescentes están privados del ejercicio de un derecho.
-El 51,7 por ciento vive en hogares pobres en términos monetarios.
-De cada cien, 41,2 suman la doble condición de carecer de ingresos y al menos un derecho.
-Los investigadores indicaron como principal causa de este proceso “el significativo incremento de la pobreza económica entre quienes ya tenían carencias en dimensiones de derechos”.
“Lo que aumentó es la pobreza por ingresos en combinación con la carencia de uno o más derechos. La mayoría de las privaciones de derechos evalúa la medición, como el acceso a la salud o a la vivienda, son relativamente inflexibles a los flujos económicos, porque la Argentina sigue teniendo su trama institucional”, explicó el sociólogo Santiago Poy, coautor del informe junto a Ianina Tuñón.
El acceso a la comida es así un punto que llegó a niveles críticos. El informe revela que la inseguridad alimentaria en los últimos tres años aumentó en 5,5 puntos porcentuales. Vale recordar que esa medición corresponde a los menores de hasta 17 años que han tenido hambre –al menos una vez en el último año– y han recibido asistencia.
La inseguridad alimentaria afectó en 2015 al 5,7 por ciento de los niños. El porcentaje empeoró a 7,7 en 2016, tuvo una pequeña mejora en 2017 y bajó a 7,1, pero se agravó de manera crítica en 2018 para llegar al 11,2 por ciento –según publica Página 12-.
El análisis de la UCA abarca el período que va de 2010 a 2018. El Barómetro también señaló un estancamiento en el acceso a la información de los niños y adolescentes. Esto “se puede asociar al agotamiento de programas como Conectar Igualdad y otros programas provinciales que tuvieron efectos destacados en los primeros años del período, pero que se discontinuaron en sus acciones de transferencias, al tiempo que se conjetura que la crisis socioeconómica ha tenido su impacto en la adquisición de computadoras hogareñas y en el acceso a servicios de internet”, dedujeron los investigadores.
El trabajo es crítico en cuanto a la respuesta que está dando el Gobierno a la población infantil más vulnerada. Por ejemplo, reconoce que aumentó el importe de la Asignación Universal por Hijo un 46 por ciento, pero señala que es “insuficiente para garantizar el pleno ejercicio de derechos en la infancia”.
“La Asignación Universal por Hijo, constituye un atenuante importante frente a las privaciones más urgentes en el espacio de la marginalidad extrema, pero es evidente que la situación de pobreza monetaria continúa siendo grave y compleja”, advierte en unos de sus párrafos más duros.
La infografía publicada grafica el acceso a los seis derechos monitoreados: servicios de saneamiento (agua potable, cloacas), vivienda, atención médica y prevención de la salud, acceso a la información, alimentación y educación de calidad (en la que incluye la estimulación temprana).
Como puede observarse, el más afectado es alimentación (pasó de 4,4 en 2015 a 8,7 en 2018) seguido de la privación en el acceso a la información (de 17,4 a 19,1). En otros rubros para la UCA no hubo variaciones marcadas. El acceso a la vivienda se deterioró (la privación pasa del 22,5 a 22,9), mientras que en saneamiento el registro es de leve mejora.
