La tensión y el temor que corrieron entre los principales empresarios de la obra pública por la razzia del juez Claudio Bonadio, mutó en las últimas horas a bronca y sospechas por lo que creen que podría ser una maniobra del Gobierno para perjudicarlos y empujar una vieja idea de Mauricio Macri de terminar con el «club de la obra pública».
El Presidente mantiene una vieja desconfianza con varios de los pesos pesados de la construcción local, un recelo nacido en su paso por el mundo privado. Apenas llegado al Gobierno, Macri se entusiasmó con un plan para barrer a la «patria contratista» y darle el grueso de la obra pública a firmas grandes de Estados Unidos, como contó La Política Online en ese momento, y que las locales queden como socias en un segundo plano.
Pero las urgencias de la economía lo obligaron a apostar a agilizar al sector con los históricos actores locales. La apuesta luego fue incorporar a los internacionales a través del programa de Participación Público Privada, que en su primera experiencia incorporó tímidamente a empresas extranjeras. Ahora, con la necesidad de ajustar fuerte el gasto público, los PPP son la principal esperanza del Gobierno para mantener la actividad y para eso necesita sí o sí seducir a firmas foráneas.
En ese contexto se da el Lava Jato de Bonadio, que amenaza con salpicar a todos los empresarios que hicieron negocios durante el kirchnerismo, es decir a todo el «club de la obra pública».
En los operativos ordenados el miércoles por el juez, hubo allanamientos en 30 empresas del sector de la construcción, incluidas algunas de las más importantes como Techint, Roggio, Corporación América, Supercemento y MSU. Además de las más complicadas en la causa como Electroingeniería, Iecsa, Isolux, Albanesi y Esuco.
Fuentes del sector dijeron que creen que la causa que destapó el ex chofer de Roberto Baratta es «un mensaje del Gobierno a todo el sector de la construcción» y hasta hablan de una guerra declarada contra las constructoras, que -según comentan- empezó con el impulso a los PPP para desarmar todo el esquema de adjudicación, aunque implique que las obras terminarán costando el triple.
A la defensiva, en algunas de las empresas allanadas comentaron a este medio que no saben de qué los acusan Bonadio y Stornelli, y repiten que no les dieron precisiones de lo que estaban investigando. Incluso, en uno de los grupos contaron que los efectivos que hicieron el operativo no tenían claro en cuál de las firmas tenían que solicitar la información y prácticamente se fueron con las manos vacías. También tienen sospechas de forum shopping.
Además, dicen que les llama la atención el comportamiento del chofer Centeno, que presuntamente durante años escribió en cuadernos los movimientos de Baratta en la recaudación. Deslizan que podría tratarse de una operación de inteligencia por lo metódico de esas anotaciones (cuyos originales todavía no aparecen) y por la extraña existencia de un bache de dos años en los cuadernos. Centeno es un ex militar, lo que alimenta esas suspicacias.
Como sea, a la bronca contra Bonadio y Stornelli y las sospechas de una jugada de Macri, entre los empresarios hay también extrema preocupación por el futuro de sus negocios. Por un lado, por la sensación de que el Gobierno quiere correr a firmas locales de obras importantes como las represas de Santa Cruz, donde pretenden desplazar a Electroingeniería.
Por otro, porque al estar involucrados en esta causa se podría complicar su acceso al mercado, como en el caso de los PPP. Un actor importante del sector desparramaba furia en los últimos días por las explicaciones que tendrá que darle a sus accionistas.
