Los diputados del bloque PJ-FpV, Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour presentaron un proyecto de ley para que se suspenda todo pago o reconocimiento de deuda bajo cualquier modalidad, por parte de la Provincia del Chubut, a las empresas constructoras que son objeto de investigación judicial producto de su registración como aportantes en la prueba colectada en la causa “Ministerio Publico Fiscal /Investigación Delitos contra la Administración Publica (Carpeta Judicial N° 6893 – Legajo Fiscal N° 17143).
Se establece que la suspensión se mantendrá hasta que el Poder Judicial adopte las medidas cautelares que impida la transferencia de fondos a las empresas constructoras involucradas o exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.
También los diputados solicitan que se suspenda en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas a las citadas empresas hasta tanto exista resolución firme que determine la inexistencia de delito por parte de las mismas.
Piden que el Poder Ejecutivo requiera el listado de las empresas constructoras que aparecen citadas en la prueba colectada en los autos “MINISTERIO PUBLICO FISCAL /INVESTIGACION DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA” (Carpeta Judicial N° 6893 – Legajo Fiscal N° 17143).
Fundamentos
Entre los fundamentos, los legisladores expresan que el proyecto de ley presentado es ante las derivaciones que emergen de la denominada causa “CORREA” y la prueba colectada por el Ministerio Público Fiscal, “la causa y la prueba involucra a empresas inscriptas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut”.
También indican que el Ministerio Público Fiscal pone en marcha la investigación preliminar sobre la eventual comisión de delitos de acción pública que involucran a las empresas que aparecen en el listados de aportantes a una “caja negra” de la política.
“Que hasta tanto el accionar de la justicia penal pueda adoptar medidas cautelares contra las empresas constructoras, hace falta el dictado de normas que impidan mayores perjuicios al erario público por lo que le corresponde al Poder Legislativo fijar la política presupuestaria en materia de obra pública”, finalizan los fundamentos del proyecto de ley.
