El Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) de Comodoro Rivadavia dispuso observar las actuaciones del Ejecutivo en relación a la adquisición de cuotas-parte del fideicomiso financiero Chubut, para lo que dispuso de un millón de pesos en junio de 2010, ad referendum del Concejo y sin visado del organismo. En tal contexto, el TCM resolvió ordenar la instrucción de un sumario, a fines de deslindar responsabilidades y señala que podría configurarse un supuesto de “gravedad institucional”.
El escrito alude directamente a la “responsabilidad política del secretario de Economía y Finanzas -José Luis Alassia-, quien necesariamente debió haber advertido la imposibilidad de avanzar en la disposición de fondos”, y promueve las medidas mencionadas con el aval de los vocales del TCM, Juan Gutiérrez Hauri y Sergio Piris, y el voto en disidencia de Osvaldo González.
Las observaciones y la instrucción de sumario tienen por blanco la disposición de fondos que el Ejecutivo municipal efectuó en 2010 mediante acuerdo de secretarios, dado que el contador general Ernesto Panizzo había emitido en su momento algunas objeciones a la inversión.
Pese a ello, se dispuso de un millón de pesos del erario municipal, ad referendum del Concejo Deliberante, que aprobó luego el gasto por mayoría, con la abstención de Viviana Navarro (Frente para la Victoria) y las negativas de Gustavo Reyes (también del FpV), y los radicales Jorge Camarda y Gustavo Borracer. Las argumentaciones para la falta de respaldo aludían justamente a la carencia de visado del Tribunal y a la premura del Ejecutivo en darle tratamiento sin consignar la partida presupuestaria de la que se tomarían los fondos cometidos.
Gravedad institucional
Es así que muchas de las objeciones vertidas casi un año antes, y a las que el Ejecutivo había hecho oídos sordos, son determinantes hoy para suponer el hecho como de “gravedad institucional”
Entre los argumentos más salientes del organismo de control para pedir el sumario se plantea que se recurrió para intentar sortear la exigencia constitucional de visado, formular distinción entre inversiones de largo y corto plazo, y que tal fundamento “resulta absoluta e inexplicablemente pueril, ya que para realizar la inversión resulta necesario gastar independientemente de su duración, vigencia y/o extensión en el tiempo”.
Por otra parte, dado que Alassia había sustentado que se trataba de una inversión a corto plazo y que ante una emergencia la comuna podía disponer rápidamente de los fondos, vendiendo sus cuotas parte, el TCM señala que sería “sumamente perjudicial a los intereses del Estado municipal los resultados de darse la situación de emergencia referida, ya que si se realizarán los títulos a la brevedad seguramente lo que se obtendría sería un importe sustancialmente más reducido al total invertido”.
Por último, otra de las irregularidades advertidas por el TCM está dada por lo que “enciende una señal de alarma” y que es la metodología utilizada para instrumentar el movimiento de fondos, sobre la base de la ausencia de una orden de pago, formulando en su lugar una ‘supuesta’ orden de débito automático”.
Aluden que la misma está dada solamente por el formulario de adquisición pero no contiene ninguna orden de débito automático, y que en tal contexto, no resulta claro de qué modo y bajo qué autorización el Banco del Chubut SA procedió a debitar de las cuentas municipales la suma de $ 914.585,25.
(El Patagónico)
