Hay más de 30 cortes de rutas sostenidos por “autoconvocados” ante el silencio del Gobierno provincial y de la Casa Rosada.
La conflictividad social a la que llegó esta provincia no deja de sorprender. No porque la raíz del problema haya sido inesperada; todo lo contrario, ya se advertía que, si no se administraban correctamente las millonarias regalías que dejan las productoras de gas y petróleo por mes, los ciudadanos que se vieran afectados por el aumento del costo de vida, sin notar una mejora en la calidad de sus ingresos, en la infraestructura o en los servicios ofrecidos (educación, salud, electricidad, gas, agua, pavimentación), iban a hacerse oír, según publica La Nación.
Pero nadie creyó que el conflicto pudiese generar una parálisis casi total en la industria hidrocarburífera durante más de 16 días, a raíz de los más de 30 cortes de rutas que impiden el paso de los trabajadores y contratistas petroleros. Esto generó ya un costo extra para las cuentas nacionales de más de US$200 millones, producto de que se deberá importar más gas y quemar más combustibles líquidos (gasoil y fueloil) para reemplazar la producción local, que es más barata. Cada día de paro cuesta US$13 millones más.
“Esto podría ser Dubai, y sin embargo no hay gas, escasea la electricidad”, se lamentaba anteanoche una mesera de los pocos restaurantes que tiene Añelo, el pueblo que creció al ritmo de Vaca Muerta y pasó de 2000 habitantes a más de 6000 en apenas siete años. En los últimos cinco años, se construyeron también ocho hoteles y hay seis más en proceso, necesarios para alojar a los entre 15.000 y 20.000 trabajadores que se alojan en el pueblo de lunes a viernes.
Sin embargo, por estos días las habitaciones están desocupadas. En el hotel Sol de Añelo, apenas dos cuartos están ocupados de los 71 que están siempre repletos. “A raíz del paro, por acá no quedó nadie, todos se volvieron a sus casas”, dice la recepcionista del lugar.
Lo mismo había dicho la mesera del restaurante: “Las mesas solían estar ocupadas todos los mediodías y noches, afuera y adentro. Ahora quedó vacío esto. El paro ya duró demasiado y nosotros necesitamos que vuelvan los clientes. Los trabajadores de la salud no me van a pagar mi alquiler, ya no se resiste así”.
Las protestas del sector de salud público comenzaron hace más de 50 días, pero hace 17 decidieron intensificar el reclamo y cortar las rutas de manera ininterrumpida las 24 horas. La primera semana no dejaron pasar ningún vehículo, lo que generó largas filas de más de 1000 camiones estacionados sobre las rutas. Recién esta semana se decidió flexibilizar la situación y abrir el camino a todos aquellos que no trabajaran para la industria petrolera.
El desabastecimiento de alimentos se comenzó a normalizar, pero no así el de combustibles, ya que mantuvieron bloqueada la refinería de YPF en Plaza Huincul, Cultral Có, a 120 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Es una de las tres refinerías que tiene la petrolera de control estatal, junto con La Plata y Luján de Cuyo, en Mendoza.
Poco a poco, las protestas fueron perdiendo el apoyo inicial de los vecinos, pese a que se trata de un reclamo que tiene empatía social. En 2020, un año de pandemia, los trabajadores de la salud pública no tuvieron ningún aumento salarial, salvo uno de alrededor de 3% en el primer trimestre. El acuerdo inicial era que se ajustaría cada tres meses en base al índice de precios (IPC). Pero el derrumbe de la actividad hidrocarburífera, junto a la caída de la economía, hizo que los ingresos de la provincia cayeran 20% en relación a lo presupuestado, al tiempo que se congelaron los salarios.
En marzo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a muchos gremios sectoriales entre los cuales se encuentra la salud, negoció con el Gobierno provincial un aumento del 12% más cuatro sumas fijas de $3500. Esto fue rechazado por los trabajadores de la salud, que reclamaron un incremento de al menos 40% al básico. Aquí comienza el primer gran problema: se llaman “autoconvocados”, porque no tienen personería jurídica que los represente; su delegado gremial es ATE, que ya había firmado el acuerdo paritario con el Gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).
