El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina cuestionaron enérgicamente el proyecto de ley de autarquía financiera para el Poder Judicial que envió el Gobierno del Chubut a la Legislatura.
El documento advierte que cuando se pretende introducir modificaciones estructurales mediante cambios coyunturales que no aseguran un financiamiento adecuado a dichos poderes, «la acción se transforma en una vía de sojuzgamiento de los mismos, quienes al no poder mantener su estructura, van a necesitar del buen ánimo del Poder Ejecutivo para solventar sus déficit».
Aseveran que una modificación de este nivel, «requiere del análisis exhaustivo y comprometido de los tres poderes que, de manera armoniosa, resuelvan a futuro un funcionamiento equilibrado y sano de las instituciones provinciales».
Y agregan que «la voluntad solitaria del Poder Administrador, compromete en el corto plazo y a futuro, el desenvolvimiento orgánico provincial, y deja expuesta una voluntad inicial viciada».
En este contexto, solicitan al gobierno provincial que encabeza Mariano Arcioni «la conformación de una mesa de diálogo y acuerdo para analizar la conveniencia y, en su caso, legislar una modificación que asegure, fuera de toda especulación política coyuntural, una reforma seria, provechosa y duradera».
No es el momento
Al igual que el vicegobernador Ricardo Sastre, los procuradores, fiscales y defensores subrayan que «la situación financiera que atraviesa Chubut, a partir de los problemas de público conocimiento que impactan básicamente en el pago de las remuneraciones a los dependientes, proveedores y también en la prestación de servicios, genera un panorama y un clima social que no aparece como el adecuado para introducir en esta instancia una reforma estructural de semejante trascendencia».
