Con la designación de Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema acaba de producirse una gran novedad: es la primera vez en democracia que ese puesto recae sobre un abogado con origen en los grandes estudios que atienden a las grandes empresas. Como la Casa Rosada, la Corte Suprema también tendrá su presidente corporativo.
No es que sus antecesores tuvieran relación cero con el poder real. O ya la tenían o la fueron construyendo desde la propia Corte. Es el caso del propio Ricardo Lorenzetti. O de Ricardo Levene y Julio Nazareno en tiempos de Carlos Menem. Pero en todo caso se trataba de un vínculo mediado por las relaciones políticas, característica que puede hacerse extensiva al resto de los miembros del tribunal supremo. Es un hecho evidente en el caso de juristas como el peronista Enrique Petracchi, el radical Augusto Belluscio o el jurista de simpatías kirchneristas Eugenio Raúl Zaffaroni.
Cerca de cumplir los 60 el 28 de octubre, Rosenkrantz también tiene un origen político. Fue miembro del grupo que en el alfonsinismo era conocido como “los filósofos”. Lo lideraba Carlos Nino y nucleó jóvenes abogados con intervenciones tan dispares como el Juicio a las Juntas o el Consejo de Consolidación de la Democracia.
Como otros juristas, incluyendo al propio Lorenzetti, Rosenkrantz hizo su construcción académica. Cuando Mauricio Macri lo buscó para ser miembro de la Corte Suprema era rector de la Universidad de San Andrés. Su nominación fue recibida con alegría por sus colegas corporativos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una ONG con fuerte influencia de las grandes empresas conocida entre los abogados como “El colegito de la calle Montevideo” por su ubicación.
En un primer momento Rosenkrantz aceptó ser designado por decreto de necesidad y urgencia. La forma fue revisada por el Presidente, que al final siguió el procedimiento tradicional de propuesta al Senado y escrutinio público, pero la aceptación inicial del DNU le generó algunas de las 1400 críticas en las audiencias de confirmación.
Su influencia en el foro venía del ejercicio de la abogacía corporativa en el gran estudio Bouzat, Rosenkrantz y asociados. Sus clientes eran numerosos. Y poderosos. Entre ellos, el Grupo Clarín y La Nación. Vale la pena citar la lista completa de fines de 2015, porque luego fue quitada de la web. Son 5 a séc S.A., Aconcagua Ventures, Alta Comercial y de Transporte S.A., Altana Films S.A., América TV, Arcos Dorados S.A. (McDonald’s), Arisco S.A., Astilleros Corrientes S.A., Avila Inversora S.A., Café Martínez, Cablevisión S.A., Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Cervecería y Maltería Quilmes S.A., Christian Lacroix, Claro (AMX Argentina S.A. y Telmex Argentina S.A.), Clee, Clínica del Buen Ayre S.A., Clínica IMA, Control Systems International, Core Security Technologies, Cruz Blanca S.A.
Darcom S.A., De Giacomo, Entidad Binacional Yacyretá, Escuela Argentina de Negocios S.A., Faraday S.A., Figueras Seating Argentina S.A., Freddo, Fundación Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, GNC Galileo S.A., Grupo Clarín S.A. GP Investments Ltd., Grupo Modelo S.A., Grupo de Narvaez S.A., Grupo Piero, Hero Communications Inc., HWF Capital L.P. Instituto Médico Antártida S.A., Anheuser-Busch InBev, Magnesita Refractarios S.A., La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, La Vascongada S.A., Marítima San José S.A., McDonald’s Corporation, Mil Producciones S.R.L., Musimundo, MV Producciones S.R.L., Neptuno Viajes S.R.L., Networld Communications Inc., Oromin Explorations Ltd., PAE, Patagon.com, PBB Polisur S.A. (Dow Chemical), Pegasus Venture Capital Partners I L.P., Petroquímica Cuyo S.A., Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Rumbo Norte S.A., Sanatorio Profesor Itoiz S.A., Santa Maria del Plata (IRSA), Satlink S.A., SGS Argentina S.A., Total Médica Medicina Prepaga S.A., Velleman & Tas BV e YPF S.A.
Tal como informara el diario porteño PáginaI12, fuente de esta columna de opinión, Rosenkrantz fue el impulsor del fallo que en la Corte Suprema benefició con el cómputo del dos por uno al represor Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.
Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. El 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos. El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo de 2017 por Rosenkrantz y por el otro ministro propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Fue clave Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados, que son los encargados de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores de un voto que luego corrige y firma el ministro. Antes de revistar con Rosenkrantz, Morgenstern trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es autor de la doctrina de la cosa juzgada írrita, que estimula la reapertura de causas por corrupción.
Según la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.
En febrero de 2017 la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fontevecchia. En mayo el fallo en favor de Muiña despertó tal reacción popular que una semana después el Congreso debió sancionar una ley contra el dos por uno.
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