Alberto Fernández logró cerrar la causa a cambio de un pago de $1.600.000. A la par, exige en otro caso una indemnización mucho más onerosa de la líder del PRO.
El presidente Alberto Fernández podría quedar exonerado definitivamente de la causa judicial por la fiesta realizada en la Quinta de Olivos a mediados de 2020, cuando regía una cuarentena estricta decretada por el propio mandatario y los argentinos no tenían permitido salir de sus hogares ni participar de reuniones sociales.
Recientemente, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aceptó una donación de $1.600.000 para cerrar la investigación. El acuerdo debe ser homologado por el juez Lino Mirabelli.
La actitud del Presidente y la decisión de la Justicia generó la reacción de muchas personas que vivieron momentos muy difíciles durante el aislamiento dispuesto por para evitar la propagación del COVID-19 en el inicio de la pandemia, entre ellos Alejandro Fantino, quien expresó su decepción en su programa Animales Sueltos.
Este viernes, en medio de un reportaje concedido a Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, el jefe de Estado defendió su propuesta.
“Los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo hice. Utilicé un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa como Presidente”, aseguró Fernández.
El jefe de Estado recordó que se presentó espontáneamente cuando estalló el escándalo y nunca apeló las decisiones que tomó el fiscal, entre ellas la de duplicar la cifra de reparación con respecto al ofrecimiento original de sus abogados.
“Yo lamento mucho lo que pasó. Fue un descuido nuestro producto del vértigo que se vivía en Olivos y no debió haber ocurrido. Las mejores disculpas que puedo ofrecer es haber actuado como un ciudadano común, dar cuenta de mi error y someterme a la decisión de la Justicia”, agregó.
Ante la repregunta, el jefe de Estado aseguró que la definición en el caso de la Fiesta no tiene ninguna comparación con otro hecho judicial: la demanda que promueve contra Patricia Bullrich en la que reclama una indemnización de $100 millones. La jefa del PRO había sugerido que Fernández pidió coimas a Pfizer para facilitar el arribo de las vacunas en el medio de la pandemia de coronavirus.
“No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la decisión del fiscal con una señora que me acusó de ser un coimero en el momento más trágico del mundo, cuando dijo que yo estaba haciendo negocios con Pfizer queriendo cobrar una coima a cambio de traer la vacuna?”, preguntó.
El martes pasado. Bullrich y Fernández fueron a una audiencia de mediación, pero no se vieron las caras. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió”, aseguró la dirigente opositora, quien ratificó sus dichos sobre las negociaciones con Pfizer ante la Justicia. Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, explicó por qué no hubo careo: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.